La baja de subsidios a las tarifas de los servicios públicos fue, prácticamente, fue la única medida que el Gobierno nacional intentó, en este primer año de mandato, para reducir el elevado gasto público. El fallo de la Corte Suprema (que anuló las subas en las tarifas del gas para usuarios residenciales) tiene, como primera consecuencia, mantener el elevado déficit fiscal de las cuentas públicas. El experto, Adrián Ravier, doctor en Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, advirtió, sin embargo, que la medida de ajuste tarifario “es una gota en el océano, pues era insuficiente para cambiar el rumbo deplorable que la economía presenta desde hace, al menos, cinco años”.

Ravier sostuvo, durante una charla con DINERO, que aún con la baja de subsidios a las tarifas, el Gobierno nacional habría fracasado en reducir el déficit fiscal. Y puso énfasis en que, según la mirada de distintos analistas, la reducción del gasto público no compensa el mayor gasto que implica, para la economía argentina, el paquete de pago a los jubilados, además de la menor recaudación por la crisis económica y la quita de retenciones (a las exportaciones de granos) o la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, advirtió que el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia podría poner en peligro el programa de obras públicas que la administración del presidente, Mauricio Macri, impulsó desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2015.

“Aún resta saber si el Gobierno ejecutará el presupuesto de obras públicas, pero difícilmente 2016 cierre con un déficit menor que aquel de 2015 (que finalizó en torno a los 7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno). Si a ello le agregamos que 2017 será un año electoral, cuesta pensar que la realidad fiscal se corregirá en la primera mitad del gobierno de Macri. El tiempo se va consumiendo y la realidad económica no cambia, con la excepción de la inflación que sí se desacelera”, recalcó el experto.

A partir de la idea de que la obra pública es el argumento central del plan económico que tiene la Casa Rosada, Ravier fue consultado sobre las alternativas que le quedan al Gobierno para reactivar la economía, sin contar con el ahorro fiscal que debía surgir del reajuste tarifario.

“El plan del ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, es de corte keynesiano, es decir que planea estimular la economía mediant la obra pública. El funcionario amenazó con que si la Corte pone trabas a esta baja de subsidios, detendrá la obra pública que, se supone generará, empleo. Está demostrado, sin embargo, la falacia de esta idea por lo cual los economistas llaman ‘efecto desplazamiento’. En términos sencillos, si el Gobierno aumenta el gasto público caen el consumo y la inversión, porque los recursos que gasta el Gobierno no los crea de la nada, sino que debe tomarlos de otros sectores”, observó Ravier.

En este sentido, subrayó con que el plan económico de Prat Gay “fracasa por su debilidad conceptual, más que por el fallo adverso de la Corte Suprema. “El fallo, sin embargo, pone trabas en la rueda a la única medida que el Gobierno de Macri aplicó para bajar el gasto público”, insistió el economista.

Por último, Ravier afirmó que si no hay un cambio radical en torno al gasto público, es decir estrategias a largo plazo que permitan reducir las erogaciones del Estado, las fuentes de financiamiento que quedarán para el Gobierno son la emisión monetaria, que detendría la ya evidente baja de la inflación, o tomar deuda externa, que de todos modos viene utilizándose para cubrir la enorme brecha fiscal.

“El fallo de la Corte pone trabas en la rueda a la única medida que el Gobierno tomó para reducir el gasto público y, en consecuencia, el déficit fiscal. Pero no es esta la causa del fracaso del plan económico que intenta aplicar el Poder Ejecutivo. Incluso puede servir si el Gobierno contraataca con un feroz ajuste fiscal, o si planteara un presupuesto con base cero para 2017”, sostuvo el especialista.

Una postura similar expuso el economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb, en un informe al que accedió DINERO. “La decisión del máximo tribunal le pone más presión al programa económico del Gobierno. En el corto plazo implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y, sobre todo, en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer”, concluyó.

"Si se hacen las audiencias públicas se podrá ajustar tarifas"

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia no impide que se aumenten el gas. Sólo establece que el Gobierno nacional debe, primero, hacer las audiencias públicas correspondientes y así cumplir con los preceptos legales”. Con esta reflexión, el economista Cristian Folgar, especialista en energía, explicó el alcance de la resolución que dispuso el máximo tribunal en relación al conflicto por el reajuste tarifario.

Durante una entrevista con DINERO, Folgar recalcó con que si el Gobierno lleva adelante las audiencias públicas, para cumplir con el procedimiento legal, quedará habilitado para aplicar reajustes en las tarifas. Consultado sobre los plazos que el Gobierno tiene para avanzar con las consultas públicas, el especialista fue claro: “este proceso se puede desarrollar este año”.

En relación al impacto fiscal que la anulación de los aumentos podría tener en las cuentas públicas del Estado, Folgar subrayó que dependerá de cuán rápido se hagan las audiencias públicas y de cómo fijen los valores (de las tarifas de los servicios) a partir de ese momento. No obstante, insistió con que aún es difícil medir las consecuencias fiscales. “Con los datos actuales no se puede estimar el verdadero impacto fiscal, si es que tiene un impacto relevante”, analizó.

Por otro lado, el experto en energía consideró que, pese al fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno debe mantener su estrategia de política energética. “No creo que se deba cambiar el plan energético por este motivo. Por dos cuestiones: en primer lugar en su exposición en el Congreso, el ministro de Energía de la Nación (Juan José Aranguren) reconoció que el Poder Ejecutivo no tiene un plan energético, con lo cual no se puede cambiar algo que todavía no se tiene. En segundo lugar, la realización de las audiencias públicas no son el centro de un programa de Gobierno, sino simplemente una forma de transparentar esa política pública”, señaló.

Por último, Folgar afirmó que las audiencias públicas son obligatorias (para avanzar con el reajuste de las tarifas) pero aclaró que los resultados de esas consultas públicas, de las cuales participan organizaciones de usuarios, no son vinculantes. “Con lo cual el Gobierno nacional no tiene que cambiar una decisión por lo que surja de las audiencias públicas”, sostuvo.

El efecto en las cuentas

Por su parte, el economista Rodolf+o Santángelo, consideró que, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la suba tarifaria del gas, el país “queda en un escenario preocupante en materia presupuestaria”. “Hay cosas que no sabemos todavía, como por ejemplo qué va a pasar con las tarifas de gas que pagan las Pequeñas y Medianas Empresas. Me preocupa mucho más todo el impacto macroeconómico, encabezado por la cuestión fiscal”, observó, según consignó la agencia Télam.

El economista subrayó que la energía y el sector agrícola son los puntales de la recuperación de la inversión y del crecimiento. “Tengo la sensación de que si esto posterga el nuevo marco tarifario, una vez que esté hecha la audiencia pública, al final no será tan grave”, concluyó.