En la política de mantener las prohibiciones de fumar en lugares públicos, el Gobierno actualizó los montos de las multas para quienes infringen la ley. De esta manera, en adelante, será más costoso atreverse a encender un cigarrillo en sitios no habilitados. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley provincial 8.894 en la que se establecen modificaciones a la ley 7.575 de lucha contra el tabaquismo. La nueva legislación establece las penalidades para los infractores.

La primera vez se mantiene el apercibimiento, pero en la segunda ocasión que ocurra la infracción se castigará con una multa equivalente a 300 litros de nafta súper. Es decir que la multa más baja por fumar en un sitio prohibido pasó de $ 1.000 a más de $ 6.000 (según el costo del combustible súper).

Estas sanciones comprenden a los propietarios o administradores de lugares cerrados de acceso público (todo espacio destinado al acceso público, tanto del ámbito público como privado, cubierto por un techo y confinado por dos o más paredes, independientemente de que la estructura sea permanente o temporal).

La tercera vez que se detecte a un infractor, la multa será equivalente a 650 unidades de litro de nafta súper (aproximadamente $ 13.000 al valor de hoy). En tanto que la cuarta vez se aplicará la clausura efectiva por 15 días corridos, más una multa equivalente a 1.300 unidades de litro de nafta súper ($ 26.000).

La cartelería

Al actualizar la legislación y modificar el sistema de multas (pasar de montos fijos en pesos a equivalentes de litros de nafta súper) se encarecieron las penalidades. La normativa establece que cuando se persista en el incumplimiento de la norma, se duplicarán los tiempos de clausura de un local comercial (bares, restaurantes, salas de convenciones, museos, bibliotecas, bancos, oficinas, drugstores, pubs, locales bailables, salones de fiestas, entre otros) y también se duplicará el monto de la multa correspondiente. Los comerciantes deberán tener en cuenta que las sanciones se adoptarán también ante la falta de carteles indicadores de la prohibición de fumar y de la prohibición de venta o expendio a menores de dieciocho 18 años.

Los propietarios o empleados que se desempeñen como encargados responsables de los lugares a los que se refiere la ley están obligados en todo momento a permitir el acceso al personal del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), que es el órgano de control para la realización de las tareas de fiscalización.

Además, las multas impuestas por la Autoridad de Aplicación deberán ser abonadas dentro de los 10 días de quedar firme la Resolución que las disponga. Las acciones judiciales para el cobro de las multas impuestas en virtud de la legislación se tramitarán por el procedimiento establecido en el Código Tributario de la Provincia.

La nueva disposición mantiene la premisa de que los montos cobrados en concepto de multa serán destinados a cubrir los gastos de funcionamiento y operativos de control programados por el IPLA.

Además, las actividades de promoción, educación y prevención serán coordinadas por el Ministerio de Salud Pública a través de sus dependencias.