MARCELO BÁTIZ / AGENCIA DYN
BUENOS AIRES.- La semana arrancó a puro dato inflacionario, con una seguidilla de índices de las más variadas fuentes: 3,4% para la CGT, 2,9% de acuerdo con las consultoras representadas por diputados opositores, 3,1% para el Indec y 3,2% de la Ciudad de Buenos Aires. Signo de los tiempos: la inflación de las consultoras ahora es inferior a la oficial. Los datos preocupan porque indican que el descenso de la inflación es más lento y gradual del que se creía y, además, porque contrasta con la suba ininterrumpida de la tasa anual: la CGT computó un 44,69%, el denominado “IPC Congreso” marcó un 45,3% y la Dirección de Estadística porteña se anotó con un 47,1%. Por ausencia de una serie histórica, habrá que esperar hasta junio de 2017 para que el Indec informe una inflación acumulada de 12 meses. La inflación acumulada entre junio de 2015 y el mismo mes de este año no solo encendió una luz de alarma por sus evidentes efectos en el poder adquisitivo de los asalariados y en la economía en general. El cruce de esa información con la recaudación pone de manifiesto los serios problemas que tendrá la administración de Mauricio Macri para hacer frente a todos los gastos corrientes y, además, cumplir con la módica meta de reducir un punto el monstruoso déficit fiscal heredado. Por lo general, se admite que cuando la recaudación crece en forma interanual por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, es una señal de por lo menos un estancamiento de la economía. Y si la diferencia es amplia, la recesión es indisimulable, más allá de estar esperando los dos trimestres de caída del PBI para confirmarlo. Puede haber atenuantes, como rebajas de alícuotas, supresión de impuestos, pagos extraordinarios o cambios en la administración, pero esos factores tienen un alcance limitado y no pueden por sí solos explicar retrocesos de una gran magnitud. Como el que acaba de suceder.
La recaudación tributaria nacional alcanzó en junio a $ 174.596,7 millones, una suba del 24% respecto del mismo mes del año pasado. En condiciones de estabilidad, sería impresionante, pero con una inflación que, según las diversas fuentes, se ubicó entre el 44,7% y el 45,6%, marca una caída de la actividad económica que se percibe con más claridad con una información más detallada. Con la excepción del 38,5% de enero, todas las subas interanuales posteriores dan la pauta de que la recaudación viene corriendo desde atrás a la inflación: 26,5% en febrero, 30,7 en marzo, 33,9 en abril, 23,3 en mayo y el ya mencionado 24% en junio, lo que deja un 29,1% para todo el semestre. Es cierto que la rebaja de las retenciones a la soja y su eliminación en el resto de los productos agropecuarios e industriales tuvieron un marcado efecto, con una baja del 52,6%. Pero si se excluyen los derechos de exportación, la caída general del 24% sería del 30,1%, aun a considerable distancia de la inflación. En lo que respecta a cómo se distribuyó el monto recaudado, las pérdidas del Estado nacional fueron mayores. Como las transferencias a las provincias tuvieron un aumento del 33,6%, el incremento neto para la Nación no fue del 24 sino del 20%. Un buen argumento para Rogelio Frigerio de cara a la nueva reunión con las provincias, pero difícilmente los gobernadores se dejen ganar por la compasión. Y si además se apartan los recursos de la Seguridad Social, la suba para el Estado Nacional equivalió a la cuarta parte de la inflación: apenas 11,7%.
La planilla de la Secretaría de Hacienda revela, además de la caída de la recaudación en términos reales, un retroceso aún mayor en los tributos relacionados con el mercado interno. El 13,8% de aumento en Ganancias oculta un notorio desfase entre lo impositivo (12%) y lo aduanero (61%). Con menor intensidad se comprueba algo similar con el 40,5% de crecimiento del IVA: los ingresos por el IVA aduanero subieron un 41,9% contra el 38,2 por ciento del impositivo. Pero si se “limpian” esos números de las devoluciones y reintegros, la brecha se amplía: 46,2% a 36,5%. Otro dato parecería darle la razón a aquellos que advierten por un aumento desmesurado de las importaciones. Contra una caída del 52,6% en las retenciones, los derechos de importación subieron un 64,1%.
La mala performance de la recaudación explica las expectativas del gobierno por conseguir la mayor cantidad posible de ingresos con el blanqueo que, dicho sea de paso, al momento de escribirse este panorama no ha sido reglamentado. Porque sin esa ayuda y los gastos no previstos provenientes del recálculo de subsidios ($ 11.800 millones), de jubilaciones ($ 75.000 millones) y de la coparticipación (por lo menos $ 13.000 millones), no hay programa fiscal que aguante. Quizás por esa razón el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, haya reelaborado recientemente su discurso y ahora se refiera a metas “dinámicas” con la atención puesta en los resultados a alcanzar en 2019. Una carrera de largo aliento en la que, por el momento, la recaudación ve cómo la inflación se aleja cada vez más.