Defensores del Pueblo de todo el país, entre ellos el representante de Tucumán, Fernando Said Juri, le plantearon al ministro Juan José Aranguren la revisión de las tarifas; la readecuación de las tarifas sociales; la preocupación por los impactos sociales que los aumentos traen (recesión, desocupación); la situación de las PyME y entidades de bien público por la imposibilidad de afrontar los pagos, y el deber del Estado de informar debidamente los aumentos y las situaciones de excepción y régimen de tarifas sociales. También reclamaron por los casos excepcionales, por ejemplo, electrodependientes y discapacitados; por la interposición de recursos de amparo por parte de las ONG y demás grupos autoconvocados, y sobre la regularización de Enargas y la posibilidad de integrar un director representante de las provincias.
La Defensoría del Pueblo de Tucumán consignó a LA GACETA que el ministro respondió: sobre las tarifas sociales, que la revisión está a cargo de tres ministerios: Desarrollo Social, Gabinete y Energía. Estas tarifas, en electricidad aumentaron 23%, en febrero, y en gas, 27%. Sobre los amparos, el Estado nacional, en casos testigos de Mendoza y San Luis, solicitó un per saltum para que se expida la Corte Suprema.