BUENOS AIRES.- El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó ayer que el informe sobre la situación tras 12 años de kirchnerismo es la “primera versión” de un documento que abarcará “área por área”. Casi como una respuesta, el ex jefe de la cartera de Hacienda Axel Kicillof señaló que “con el discurso de la herencia” el macrismo hace “cualquier brutalidad”.
El detalle difundido el viernes último por la Casa Rosada exhibe no sólo un “diagnóstico” de la situación, luego de 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino de las “denuncias presentadas por la Oficina Anticorrupción y la Sigen, entre otros organismos de control”, respecto de presuntas irregularidades y casos de corrupción, añadió.
A través de su cuenta de Twitter, Frigerio destacó que la información es “fruto del compromiso” asumido por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa del último 1º de marzo. Asimismo, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, apuntó, también desde su cuenta en la red de microblogging, que el informe “es un resumen” del panorama encontrado en diciembre y “muestra la destruccion institucional”.
Desde la oposición, Kicillof cuestionó el informe “El estado del Estado” al considerar que “el discurso de la pesada herencia sería lo que los obliga a hacer cualquier brutalidad”, como “mega devaluaciones, tarifazos o la apertura de las importaciones”. También acusó al macrismo de haber hecho “un plan liberal de regla en todos sus puntos” y puso como ejemplo el incremento en las tarifas de servicios públicos, aunque reconoció que durante el gobierno de Fernández de Kirchner se hicieron “ajustes” pero “con sensibilidad social”.
Por otro lado, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, resaltó la “coincidencia” en el Congreso respecto de que el blanqueo de capitales impulsado por el oficialismo debe “excluir a funcionarios”, y señaló que si el kirchnerismo contó con este instrumento para atraer fondos, “es dable dárselo” a la actual administración. Asimismo, anticipó que “para mediados de julio este tema tiene que avanzar” con su aprobación en el Senado, al apuntar que el megaproyecto oficial incluye además “el pacto federal, el acuerdo con las provincias, la devolución de una parte del 15%” de la coparticipación y “el apoyo a los juicios para que los jubilados cobren”.
La Oficina Anticorrupción ya alista a sus equipos para ser el canal de las denuncias “más pesadas” que surgen el informe “El estado del Estado” y será querellante cuando las irregularidades reportadas por los ministerios entren en los criterios del organismo.
Según dijeron a la agencia estatal Télam fuentes de la OA, su titular Laura Alonso definirá luego con los representantes de cada cartera cuando las causas vayan a ser canalizadas por el organismo o con denuncias directas, como ya lo definieron el PAMI o Vialidad Nacional. Alonso ya mandó a “reforzar equipos” de abogados, contadores y especialistas en derecho administrativo, debido a que -según estima- podría tener que impulsar un veintena de denuncias judiciales en los próximos meses. (DyN-Télam)