Un conflicto puede actualizar un viejo problema. Genera incertidumbre no saber qué hay debajo del suelo. Esa sensación de caminar en falso seguramente se apodera de quien tiene que cavar para realizar una obra pública. En estos días, la Municipalidad capitalina y la Sociedad Aguas del Tucumán han polemizado por inconvenientes en la instalación del monumento del Bicentenario que se está emplazando en la avenida Mate de Luna.

Sucede que metros abajo de la obra, a la altura del pasaje Cervantes, pasa un tramo del caño colector cloacal. La SAT debía efectuar un by pass para desviarlo unos metros, pero los trabajos quedaron a medio camino, como consecuencia de las inclemencias climáticas. Según el secretario municipal de Obras Públicas, la SAT se había comprometido a costear la obra. La empresa estatal respondió que el municipio debía hacerse cargo de los $300.000 que demanda el desvío subterráneo. El emplazamiento del monumento y la puesta en valor del entorno se iba a realizar en cuatro meses. El 1° de junio se cumplió el plazo.

El municipio argumentó que en una nota del 6 de abril pasado, firmada por su jefe de Operaciones, la SAT se había comprometido a efectuar un by pass sobre el caño colector, tal como se adjuntaba en un croquis. El 29 de abril, la Dirección de Obras Públicas otorgó el permiso de obra a la empresa contratista. Un vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersept) afirmó que la responsabilidad de pagar era de la Municipalidad que había iniciado un trabajo, poniendo en peligro una parte de la red de servicios públicos, por lo tanto debía hacerse cargo del gasto. Un concejal sostuvo que la Municipalidad no poseía el mapa de las cañerías por donde pasa cada caño maestro y que le habían solicitado a la SAT que les brindara el soporte informático, sin resultados positivos. Para evitar la prolongación del conflicto y ante la proximidad del 9 de julio, con buen criterio, el Gobierno provincial zanjó en el entredicho y dispuso que la SAT asumiera los costos del trabajo.

En la década de 1990, cuando comenzaron las privatizaciones de las empresas del Estado, las veredas de San Miguel de Tucumán se convirtieron permanentemente en trincheras. Las distintas empresas las rompían para poner sus instalaciones, generando un trastorno a los propietarios y a los peatones. Se planteó la necesidad de que las compañías presentaran luego un mapa con las instalaciones subterráneas realizadas para evitar en el futuro problemas, como iniciar trabajos en un sector sin saber que se puede causar un perjuicio. En 2013, las autoridades se acordaron de hacer efectiva una ordenanza de 1994, remozada luego en 2006, por la que se concedía a las empresas privadas y públicas un plazo de 60 días hábiles, desde la notificación, para concluir con la erradicación del cableado aéreo. Se acordó entonces un plan de trabajo con las prestatarias de cable y de telefonía. Se logró, luego de muchos años, que los comerciantes retiraran los carteles de grandes dimensiones que afeaban el espacio aéreo.

Sin embargo, las veredas siguen siendo “ese oscuro objeto del deseo”, porque de tiempo en tiempo, las zanjas se convierten en protagonistas del microcentro. Los planos subterráneos sirven justamente para saber qué cosa hay debajo de nuestros pies y no iniciar una obra donde no corresponde. Difícilmente, un cirujano programaría una operación importante sin contar previamente con todos los estudios.