Las críticas no la han amedrentado. Pese a la lluvia de objeciones que recibió ayer por su proyecto para prohibir las fiestas electrónicas en la capital tucumana, la concejala Graciela Suárez se mantiene firme en su postura. “Sé que todos opinan así (que se centra en el punto equivocado), pero ya tengo mi posición tomada y pienso que el dueño (del local donde se realiza una fiesta) también es responsable. Si él alquila un lugar y no sabe qué se consumirá allí, es culpable”, insistió, en una rueda de prensa.
La edil reiteró su intención de tomar medidas duras y extremas para evitar que se repita una tragedia como la de Costa Salguero. “No hay que mirar al costado; el problema ya está instalado en Tucumán. La concejala Sandra Manzone piensa que la prohibición de las fiestas sería una medida absurda. Hay que preguntarle a esos padres si la muerte de sus hijos les parece absurda. Se podrían haber prevenido. Nosotros, como autoridades, tratemos de ser serios y hagamos prevención”.
La firmeza de Suárez no convence, sin embargo, a sus pares, que ayer continuaban criticando la iniciativa. Roberto Ávila (PRO) tildó a la propuesta de sin sentido. “No puedo creer que se presente este proyecto; se quiere matar una expresión musical que no tiene nada que ver. Tal vez es una manera de tapar lo ineficaz del Ministerio de Salud o del de Seguridad. Además, hay un error técnico porque, en todo caso, lo que la Dipsa habilita son establecimientos, no un tipo de fiesta, se escuche lo que se escuche en ellas”. El borrador del proyecto aún no cuenta con dictamen de comisión, el paso previo a su tratamiento en sesión.