El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) introdujo un cambio relevante -al menos desde el punto de vista económico- en la sustanciación de los concursos públicos de antecedentes y oposición. A partir de esta semana, los jurados cobrarán una remuneración a cambio de proponer las consignas y corregir los exámenes de los aspirantes a magistrados. Entre 2009 y el presente, dicha función era ejercida ad honorem.
La modificación del artículo 19 del reglamento fue decidida por unanimidad en la sesión del martes. Los consejeros establecieron un sistema de honorario escalonado en función de la carga de trabajo cuya unidad de medida es la hora cátedra de la Escuela Judicial, que asciende a $ 650 (podría alcanzar los $ 800 con la actualización de este año). La remuneración mínima es de $ 6.500 (10 horas cátedra) y está prevista para el caso de que 15 o menos inscriptos se presenten a la oposición. Cuando haya entre 16 y 20 pruebas, el jurado percibirá un plus del 70% de la hora cátedra por cada postulante adicional (un máximo de $ 1.820 -según los valores vigentes-, que se sumarán a los $ 6.500 iniciales). Si en el examen participan 21 o más aspirantes a magistrado, la retribución equivaldrá a 20 horas cátedra ($ 13.000).
El Estado gastará al menos $ 19.500 en cada tribunal puesto que este está formado por tres miembros (con sus suplentes). A ello hay que añadir las erogaciones por viáticos y traslados, puesto que al menos uno de los tres jurados debe ser foráneo. A partir de marzo, los evaluadores son designados por sorteo en función de las listas remitidas por instituciones académicas e intermedias (vinculadas a la Justicia) de todo el país. Antes, los jurados eran elegidos en forma discrecional previa propuesta de los consejeros (ver notas relacionadas en esta edición).
Dos razones esgrimieron las autoridades del CAM para dejar atrás el régimen de la gratuidad: la celeridad requerida y la complejidad de la tarea encomendada a los evaluadores. Si bien 88 vacantes de magistrados fueron cubiertas a partir de las ternas confeccionadas por el CAM, el trámite de los concursos tendió a hacerse más lento y pesado en los últimos años. En el intento de explicar esa ralentización y entre otros motivos, los consejeros mencionan la dificultad para constituir los jurados y las demoras para calificar las pruebas. El órgano hoy tiene 42 procesos abiertos, caudal que remite a la época fundacional, cuando, por la cantidad de despachos acéfalos, los Tribunales provinciales parecían un queso gruyer.
Los acuerdos relativos a la retribución de los evaluadores (36 y 37) llevan la firma de los consejeros Daniel Posse (presidente), Fernando Juri (vicepresidente), Jorge Carrasco, Raúl Albarracín, Martín Tello, Raúl Fermoselle, Roque Cativa, Javier Pucharras, Silvia Rojkés, Rolando Granero, Fernando Valdez, José Adle, José Dantur y Carlos Caramuti. Estos dispusieron que la falta de cumplimiento diligente del papel asignado al jurado podrá dar lugar a la pérdida total o parcial de la remuneración.