La demanda social, una invitación de la Nación y la posibilidad de acceder a parte de un fondo especial de $ 800 millones. Esos fueron algunos de los factores que determinaron que el Gobierno Provincial decidiera declarar la emergencia en seguridad.

El presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman, estaba ayer en ejercicio del Poder Ejecutivo (el gobernador y el vicegobernador Juan Manzur y Osvaldo Jaldo estaban haciendo gestiones en Buenos Aires) cuando anunció la decisión. En el antedespacho de la Gobernación, el ex intendente de Alderetes explicó que se firmaría un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) adhiriéndose al decreto presidencial de fines de enero que declaró el estado especial durante un año. Fuentes de la Casa de Gobierno consignaron a LA GACETA que Manzur podría rubricarlo hoy.

Silman adelantó que el DNU será tratado en el recinto legislativo próximamente.

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, explicó que en marzo la Provincia había firmado un convenio con la Casa Rosada en el que se había comprometido a adherirse durante la segunda reunión del Consejo Federal de Seguridad (encabezado por la ministra Patricia Bullrich e integrado por los ministros del área provinciales). Ese acuerdo ya formalizado llegó el viernes al Ministerio de Seguridad y ayer fue analizado por Manzur.

La Fiscalía de Estado escudriñaba ayer los alcances que tendrá el decreto local, debido a que el nacional cuenta con puntos que avanzan sobre materia federal, como el sistema de radares y los controles aduaneros, y legislativa.

Recursos

“Lo importante es que esta emergencia viene acompañada de posibles beneficios. Se creó un fondo de $800 millones para ser distribuido en el país. Con el dinero que nos llegaría podríamos mantener lo que tenemos y adquirir nuevo equipamiento”, subrayó Amado.

Expresó que, más allá de que se hayan incorporado agentes y vehículos, son insuficientes. “Podremos enfrentar de otra manera a la delincuencia, desde los más grandes narcotraficantes hasta el delincuente más chico que ponga en riesgo la vida de los habitantes”, consideró. Añadió que los fondos servirían para arreglar comisarías y cárceles.

El decreto 228/2016 declara la emergencia de seguridad pública en el país para “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”. En el extenso texto se incluyen desde operativos en puertos hasta la ley de “derribo” de aeronaves sospechosas.

A la Legislatura

El anuncio de Silman se dio tras una reunión de la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo; el vicepresidente primero de la Cámara, Guillermo Gassenbauer; el titular de la comisión de Seguridad, Javier Pucharras; y la cúpula de Seguridad, encabezada por Amado y por el secretario de Seguridad, Paul Hofer. El encuentro se dio luego de una serie de citaciones frustradas de los funcionarios de seguridad a la Cámara. Los desencuentros habían generado tensiones entre los legisladores oficialistas y opositores.

Finalmente, los secretarios del ministerio (incluidos Benjamín Nieva, de Transporte y Erica Brunotto, de derechos Humanos) visitarán la Legislatura en los próximos días, según se acordó ayer.

“No podemos tratar un tema tan serio cuando nos llaman de un día para el otro. Esta nueva invitación es más adecuada. Iremos a explicar el plan de seguridad otra vez”, afirmó Amado. Silman afirmó que en la oportunidad anterior no se concretó el encuentro porque había otras reuniones previstas. Pucharras, por su parte, consignó que el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, será el encargado de coordinar que no haya otras actividades durante la cita, para que pueda concurrir la mayor cantidad de parlamentarios.