Hay gestos, pero no se observa voluntad para ir hacia una reforma política. Si no, ¿por qué el Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta el inciso 2 del artículo 101 de la Constitución? o bien, ¿qué legislador aplicará los artículos 47 y 48 del reglamento interno del Poder Legislativo? Para hacerlo más sencillo y entendible, ¿por qué Manzur no envió un proyecto de ley a la Cámara sobre una futura reforma electoral y prefirió remitir las propuestas receptadas de distintas organizaciones que reunió en un libro de 340 páginas? La Carta Magna le permite esa alternativa, ya que expresamente señala que el gobernador puede participar en la formación de leyes (artículo 101). La situación abre interrogantes y deja flotar la duda. Si se querían dejar atrás las imágenes posteriores a los comicios del 23 de agosto -plazas de protesta, fallos judiciales polémicos, grieta social, mirada nacional adversa-, que tiñeron con un aura de ilegitimidad la victoria electoral del oficialismo, ¿no hubiese sido más creíble enviar un texto en forma de proyecto de ley?
Hubiera sido más contundente y potente la señal de que evidentemente se querían impulsar cambios políticos desde el Ejecutivo para reforzar la calidad institucional. Sin embargo, se optó por otro mecanismo -novedoso, por cierto-, el de recolectar propuestas y transferirle la responsabilidad de los cambios a la Legislatura. El mensaje es por lo menos contradictorio; ¿se puso la margarita para que la deshojen o sólo para que la admiren? A otro poder del Estado se le transfirió el peso de toda la responsabilidad por una eventual reforma. Si no sale será por su culpa. ¿Manzur no quiso que los peronistas, creadores del acople, se sientan presionados a cambiar las reglas que los han beneficiado directamente?
Ahora bien, el artículo 47 del texto legislativo interno alude a las formas y dice que toda iniciativa de los legisladores deberá ser presentada a la Legislatura en forma de proyecto. El 48 es más específico: se formulará como proyecto de ley toda proposición destinada a crear, reformar, prorrogar, suspender o abolir normas, instituciones, sanciones o reglas generales. O sea, un parlamentario o varios, oficialistas u opositores, deberían recoger el guante y avanzar sobre un proyecto de reforma electoral o constitucional. ¿Quién se animará? Difícilmente desde el peronismo se dé un paso en ese sentido si no observa la ventaja que les garantice la continuidad en el poder. En la reforma constitucional de 1990 -vaya como ejemplo-, se dividió a Tucumán en tres secciones electorales: capital (I), este (II) y oeste (III) por iniciativa del PJ (antes eran más), sólo para contrarrestar el voto capitalino adverso con el de las otras dos secciones, absolutamente identificadas con el partido de Perón. En 2015, los sufragios del este y del oeste la garantizaron el triunfo a Manzur, ya que en la Capital venció el radical Cano (ApB) -en el rubro gobernador- por 185.000 votos contra 128.000.
Ese tema, el de la organización política territorial, no se menciona en este tramo del proceso, tanto desde la Casa de Gobierno como del ala peronista de la Legislatura. No hay que hacer ruido con una materia en la que el justicialismo le saca años luz a los opositores. No levantan esa perdiz. Por allí, un representante del pueblo de boina blanca advierte que a sus adversarios no hay que dejarles un milímetro de ventaja y en lenguaje popular dice que no hay que dejar que el zorro cuide las gallinas. O sea; no dejar las posibles iniciativas reformistas en manos exclusivas de los “compañeros” y seguir atentamente cada propuesta de alteración de las reglas de juego electorales.
Sin embargo, los hombres de Alem no deberían inquietarse tanto -por ahora-, ya que hay parlamentarios peronistas críticos que entienden que realmente no se quiere cambiar nada desde el Gobierno, que es todo cháchara. Le trajeron un librito de regalo a Jaldo para engañar a la población, confió un amayista. Entiende que el PE no ingresó una iniciativa para que tenga estado parlamentario y para que siga su curso como proyecto de ley. Eso podría llegar a suceder, por ejemplo, cuando el tema de los gastos sociales empiecen a incomodar nuevamente a la Cámara.
El “librito” mencionado es la compilación de las propuestas reunidas en el texto “Tucumán dialoga, mesa de encuentro para la reforma política”. Este interesante aporte de varias organizaciones que alientan un posible cambio político no fue a parar a los cajones de los legisladores, sino a la biblioteca. Como se ironizó desde el edificio de Muñecas al 900, no fue a parar a los escritorios para cajonearlo, sino a la par de otros libros para archivarlo.
En el fondo, cualquier cambio que se concrete sólo podrá entrar en vigencia dentro de tres años, en 2019; con las nuevas elecciones provinciales. El tiempo no urge; hay varios calendarios de por medio para no apresurarse. Y no se advierte una urgencia o estado de apasionamiento político por mejorar la calidad y el funcionamiento de las instituciones, ni del lado Ejecutivo, ni del lado legislativo; por más pompa y aplausos con el que se presentó “Tucumán dialoga”. Hay mil razones para justificar la iniciativa, los argumentos se multiplican en los papeles y en los discursos, pero no está claro si hay real interés en que el proceso se profundice. Alguno puede festejar la presentación como una misión cumplida, pero es sólo un puntapié inicial. Al partido hay que jugarlo, pero los jugadores no hacen un precalentamiento muy convencidos.
Apuntando a los acoples
Es que si los acoples son, precisamente, los que los han depositado en la Legislatura, cómo los parlamentarios van a renegar del mecanismo, restringiéndolo o a eliminándolo. Soy bolsonero y acoplista (sic), admitió sin rubores un ex concejal capitalino; por lo que alterar el esquema de colectoras parece una misión complicada, por no decir imposible. Aun cuando sea cierto que su prohibición podría incentivar la participación u discusión dentro de los partidos, resulta sumamente exagerado atribuir a los acoples la situación de atomización por la que atraviesan; opinó al respecto el especialista invitado por el Gobierno Juan Carlos Cassagne. Para eliminarlos hay que reformar la Constitución o bien idear un sistema electoral que atenúe sus efectos negativos. Pensar en una boleta única con los acoples es casi imposible, ya que para llenar el voto con la cantidad de colectoras y de candidatos en la Capital se necesitaría una papeleta de un metro cuadrado. Lo mismo con el voto electrónico; no habría tamaño de pantalla para poder leer todos los candidatos. En agosto, en la capital hubo 48 acoples; casi 1.400 candidatos a legisladores. Si le sumamos los aspirantes a concejales, la iniciativa se torna casi impracticable.
Ergo, hay que observar lo que le da existencia al acople: los partidos políticos, subordinados a ser listas de candidatos por este mecanismo electoral. Estas organizaciones son instituciones fundamentales del sistema democrático (artículo 38 de la Constitución nacional e inciso 4, artículo 43 Carta Magna provincial), pero el esquema de acople las convirtió en boletas electorales. Debilitó a los partidos y profundizó la deslealtad partidaria; como bien se desliza. Por ejemplo, en Tucumán habrá 1.000 partidos (entre los 586 reconocidos y los 465 en vías de reconocimiento). En agosto hubo 1.457 acoples. Es casi una degradación del partido político; estas organizaciones deberían ser más que una simple papeleta electoral. A la dirigencia no le importa. Mientras sirvan para sus propósitos, la vida partidaria no interesa, sólo tendrá valor cuando haya elecciones.
En conclusión, habrá menos acoples -que fueron el dolor de cabeza de los electores en los cuartos oscuro- cuando haya menos partidos. Pero no se los puede eliminar, su existencia tiene respaldo constitucional, por lo que la única vía “de atacar el problema” es atender los requisitos exigidos para constituir y sobrevivir como partido; aplicar con rigurosidad la legislación que regula su vida institucional y fijar nuevas normas que transparenten y garanticen su funcionamiento.
Una alternativa podría ser elevar el piso de afiliados para inscribirse; hoy está en poco más de 4.500 para los partidos de distrito (cuatro por mil del total de empadronados). Si pensamos que en Tucumán hay 147 partidos provinciales (103 reconocidos y 44 en vías de ser reconocidos), estamos hablando de casi 660.000 personas que están afiliadas a una organización política; más de la mitad del padrón electoral. Al margen, ¿habrá alguna persona de entre esas 660.000 que no sepa que está figurando en un padrón partidario; o que esté inscripta en más de un partido político y no lo sepa? No es posible saber vía internet si alguien figura en los padrones partidarios porque no hay un sistema informático que lo permita, como si tiene la Cámara Electoral Nacional (www.padron.gov.ar). Pero tampoco hay un sistema informático en la Junta Electoral Provincial (JEP) que permita conocer vía computadora la lista de afiliados de todos los partidos políticos. Eso implica que nadie puede saber si está o no afiliado a más de un partido político, aunque desde la JEP se indica que cuando llegan fichas de afiliación se cruzan los datos y pueden determinar si hay doble afiliación o intentos de inscripción de personas fallecidas. En abril de 2014 -se consignó desde el organismo de control- se detectó el ingreso de la ficha de afiliación por el partido Unión y Progreso Social del reconocido abogado Agustín Ferrari cuando este ya había fallecido. El organismo hizo una denuncia penal.
Sería interesante que se puedan conocer los nombres de esos 660.000 afiliados para ver si no hay “repeticiones” en algunos de esos 147 partidos provinciales. No son datos sensibles, según la jerga jurídica. Semejante cantidad es de mínima sospechosa. Recordemos que el año pasado la JEP detectó afiliaciones de niños de seis, de 12 y de 14 años. ¿Reafiliación masiva? Una locura. Pero algo hay que hacer. Sería también interesante conocer las declaraciones de principios, bases de acción política, la carta orgánica y la plataforma electoral que exige la ley de partidos políticos (5.454) a las 147 organizaciones provinciales para compararlas. Pero eso tampoco está informatizado. Puede resultar un ejercicio interesante. Tal vez se descubran muchos expedientes “gemelos”. O no haya, vaya uno a saber. Hay un capítulo ausente en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En suma, hay una mirada obligada sobre la 5.454, a los requisitos que impone a las organizaciones partidarias; porque allí se pueden abrir algunas puertas para una reforma. Hay muchas condiciones allí, pero también muchas habilitaciones a subsistir como partido por lo que se puso, o no se escribió. Hay puntos ciegos, como dijo la JEP. Valga repetir lo que ya muchas veces se apuntó: todo éxito del sistema republicano depende del sistema electoral (Juan Bautista Alberdi).