Fiscales de Instrucción de los tres centros judiciales de la provincia (Capital, Monteros y Concepción) condicionaron la implementación práctica de las reformas al Código Procesal Penal contenidas en la Ley 8.849 a la creación de dos oficinas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.
Tal petición fue plasmada en una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia a través de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público. Entienden los fiscales firmantes (Adriana Giannoni, Washington Navarro Dávila, Arnaldo Suasnábar, Diego López Ávila y Mariana Rivadeneira de la Capital; Edgardo Sánchez, Miguel Ángel Varela y Jorge Echayde de Concepción, y Mónica García de Targa y Jorge Carrasco de Monteros) que es indispensable crear dos organismos para cada uno de los tres centros judiciales, siendo esta una condición sine qua non para aplicar los criterios de oportunidad y las salidas alternativas incluidas en la última enmienda que sancionó la Legislatura por pedido de la Corte Suprema.
Los integrantes del Ministerio Público promueven la puesta en marcha de la Oficina Fiscal de Decisión Temprana para el análisis de los casos ingresados y la aplicación de criterios de oportunidad, y de la Oficina Fiscal de Salidas Alternativas para los acuerdos de conciliación y de reparación. La ley aprobada en febrero incorpora tanto el principio de oportunidad como las salidas alternativas al juicio.
Los fiscales dijeron que ambas unidades deberían integrarse con un funcionario de ley y empleados letrados, en razón del tipo de función asignada, depender del fiscal de turno. De esta forma, las fiscalías se concentrarán de manera exclusiva en la investigación diaria de los casos que, a primera vista, deban ser llevados a juicio. Los fiscales expresaron a la Corte que, sin esta organización específica y especializada, resulta imposible aplicar en lo inmediato las reformas introducidas.