BUENOS AIRES.- El fiscal federal Federico Delgado impulsó ayer una investigación contra el presidente Mauricio Macri, ministros nacionales y legisladores por el acuerdo con los denominados “fondos buitre” por la deuda en default. El fiscal pidió asegurar “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a la cuestión”, para evitar la eventual desaparición de pruebas. Delgado recordó que por la Constitución nacional, el tema de la deuda le compete al Congreso, pero este delegó la negociación en el Poder Ejecutivo con una “frontera” que resumió: “Siempre y cuando sea para mejorar su perfil”.
Y reflexionó: “Definir si el perfil de la deuda mejora o no dejar ser una sencilla operación matemática. Si debemos más empeora, si debemos menos, mejora. No hay tantas vueltas posibles”. Delgado reconoció que la renegociación de la deuda externa es “una cuestión sensible en estos días” y anunció que su función “está limitada a poner en movimiento o no el aparato punitivo del Estado”.
“Creemos que hay que abrir una investigación penal”, subrayó Delgado, aunque advirtió que “la experiencia de la fiscalía es bastante frustrante. Las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan”.
Delgado promovió la investigación ante una denuncia formulada por los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, de la Asociación Civil “Instituto Arturo E. Sampay”, contra el presidente Macri, todo el gabinete nacional y los diputados y senadores que avalen el acuerdo con los holdouts. “Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, U$S 30.000 millones”, explicó el fiscal.
“Si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado 10 veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas”, añadió.
Cinco tucumanos a favor y cuatro en contra
Los nueve representantes tucumanos en Diputados participaron ayer de la sesión. Sin embargo, las posturas adoptadas varían según la procedencia política de cada uno. Así, cinco se aprestaban a votar a favor de las normas pedidas por la Rosada y cuatro, en contra.
La jornada arrancó temprano para los peronistas Marcelo Santillán, Alicia Soraire, Mabel Carrizo y Miriam Gallardo (kirchneristas) y para el disidente José Orellana. Los cinco participaron de una reunión en la Casa de Tucumán en Buenos Aires con el gobernador, Juan Manzur, y con el vice, Osvaldo Jaldo. Allí, Manzur les pidió bajar al recinto en caso de que el macrismo no tuviera quórum y acompañar las leyes. Santillán, Carrizo, Gallardo y Soraire acataron el mandato del Frente para la Victoria y bajaron con el debate iniciado. Los tres kirchneristas votarán en contra; Gallardo y Orellana lo harán a favor. “Si la patria grande, que es Argentina, se beneficia, la patria chica, que es Tucumán, también”, justificó el famaillense.
Federico Masso (Libres del Sur) también votará en contra, en su debut como diputado. Los referentes de Cambiemos Facundo Garretón (PRO), Juan Casañas y Teresita Villavicencio (UCR), a favor.