La obligación estatal de ayudar a las mujeres en la planificación familiar es una deuda pendiente en Tucumán, la única provincia que no está adherida a la Ley Nacional 25.673 del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta mañana, representantes de las organizaciones "Católicas por el Derecho a Decidir" y de "Mujeres por Mujeres" presentaron a la ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla, un petitorio para que se garantice el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva.

"Pedimos el acceso al aborto terapéutico cuando el embarazo es producto de violación o cuando continuar un embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. También insistimos en la necesidad de adherir a la ley nacional que obliga al Estado a garantizar la provisión gratuita de insumos (para prevenir embarazos no deseados), capacitación de efectores de salud y la realización de campañas de difusión, con entrega de información a la población", dijo Soledad Deza, de "Católicas por Derecho a Decidir".