Mediante el decreto 324, el presidente, Mauricio Macri, designó al nuevo titular de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Santiago Francisco Albarracín, por un período de cuatro años. Ocupará el lugar de Manuel Benítez, quien llevaba 16 años en ese cargo.
El decreto también lleva la firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya que YMAD está bajo la órbita de la Secretaría de Minería (Ministerio de Minería y Energía). Según explica el texto oficial, Benítez había presentado su renuncia, que fue aceptada por resolución del ministerio el 24 de febrero.
La experiencia de Albarracín en yacimientos mineros se resume en su paso por Canteras Piatti, dedicada a la explotación de granito en el paraje Cerro Sotuyo del partido de Olavarría. Su actividad principal declarada es cría de ganado bovino y la secundaria servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración o fiscalización en sociedades anónimas.
El vicepresidente de YMAD es Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El 10 de junio de 2014, la rectora, Alicia Bardón, había designado como representante de la UNT ante YMAD a Cerisola, para que reemplace a Fernando Valdez, que había renunciado el 11 de mayo, tras asumir en la Legislatura. No obstante, en una sesión extraordinaria del 2 de septiembre de 2014, el Consejo Superior aprobó una resolución, mediante la cual se designaba a Alfredo Grau para el mismo cargo. Las autoridades de la UNT desconocieron la legitimidad del ex rector como director de esa casa ante la firma minera y, por el contrario, consideraron legítimo el nombramiento de Grau. En paralelo, el Directorio de YMAD avaló finalmente a Cerisola, durante una sesión en la cual consideró inválida la designación de Grau.
La gestión de Valdez -que completa Cerisola- cesa el 30 de marzo próximo.
En su momento, la designación de Cerisola fue muy resistida por un sector de la comunidad universitaria, ya que el ex rector está denunciado en la Justicia federal por presunta malversación de los fondos provenientes de las utilidades de YMAD. La investigación se centra en el destino que se le dio a $ 342 millones que recibió la UNT entre 2006 y 2009. En agosto del año pasado el fiscal federal N°1, Carlos Brito, le solicitó al juez federal, Daniel Bejas, que citara para prestar declaración indagatoria al ex rector, pero también a Olga Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y a Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y actual diputado nacional (UCR). Todos ellos fueron funcionarios entre 2006 y 2014 y, según los investigadores, tienen algún tipo de participación en la “ruta del dinero”.