Las negociaciones salariales marcarán el ritmo de expansión del gasto público en las provincias. Ese es el mayor desafío que enfrentan los gobernadores de cara a un año económicamente difícil y financieramente ajustado. En el caso de Tucumán, la gestión del gobernador Juan Manzur prevé, en el presupuesto 2016, un superávit de tan sólo $ 10,6 millones al final del ejercicio. El cálculo anual es de unos $ 22.845 millones como gasto en Personal, un 54% del total de erogaciones del período. Según la consultora NOAnomics, el aumento salarial que definan en las paritarias a comienzos de cada ejercicio sellará de alguna manera su destino fiscal para el resto del año. Particularmente en 2015 esta dinámica estuvo exacerbada por la campaña electoral. “Con información de 18 provincias, en el acumulado a septiembre de 2015 la partida personal había crecido un estimado de 42%”, dice la consultora que encabeza Félix Piacentini. Con un incremento fenomenal, Neuquén observa una tasa del 60%, siguiendo Misiones 50%, Buenos Aires 48%, Salta 47%, Río Negro 46% y Mendoza 43%.

Las demás operan por debajo de la media pero aún las más contenidas exhiben subas relevantes. Las que menos extienden su gasto salarial son San Juan (33%), Tucumán (34%), Santiago del Estero (34%) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (35%). “Semejante incremento, del 8% en términos reales, no se presenciaba desde la última elección presidencial de 2011, año en el que el Gasto en Personal se incrementó un 13% anual real”, puntualiza el reporte al que accedió LA GACETA.

Independientemente del resultado de las paritarias estatales, cada punto porcentual de aumento salarial significaría un gasto agregado para los 24 distritos de $ 6.210 millones. En el caso de las provincias más grandes este punto porcentual sería de $ 1.805 millones para Buenos Aires, $ 496 millones en Capital Federal, $ 464 millones en Santa Fe y $ 447 millones en Córdoba. En el caso de Tucumán, representaría alrededor de $ 230 millones, de acuerdo con las estimaciones de NOAnomics.

Uno de los escenarios que planteó es que si la economía no creciera este año, la única forma en que el consolidado de las 24 provincias consiguiera equilibrio fiscal estaría dado por un aumento de los Gastos de Personal que no supere el 28% anual, suponiendo una inflación del 30%. “Esto se traduciría en un gasto salarial de $ 621.000 millones”, dice.

Pero también se presentan otros probables escenarios:

• Con una suba del 30% la nómina salarial alcanzaría los $ 633.000 millones y dejaría como consecuencia un déficit agregado cercano a los $ 12.000 millones.

• Con un escenario expansivo de aumento en las erogaciones de personal del 35% ($ 657.000 millones) el rojo podría ampliarse hasta $ 36.000 millones.

“En otras palabras, sin un ajuste fiscal real del 2% en el gasto de personal las provincias incurrirían en un nuevo déficit, luego del resultado negativo de $ 26.000 millones que habrían observado en 2015”, indica.

La posibilidad de implementar un ajuste real en el gasto salarial dependerá de la habilidad política de los gobernadores de cada provincia, ayudando el gobierno nacional si su propia negociación con sus empleados públicos también se ubica por debajo de la inflación esperada. Un 2% real no parece mucho, pero decir es mucho más fácil que hacer. Como todos los años el principal escollo es el frente salarial, pero en 2016 viene bien de frente, considera la consultora.

Las provincias tienen una dotación de 2 millones de agentes. De ese total, unos 85.000 trabajan en la administración pública tucumana. Piacentini señala a nuestro diario que, en la última década, el empleo público creció un 30% por encima de la tasa de crecimiento de la población, un indicador necesario para sostener el reajuste en la planta permanente. En el caso de Tucumán, la proyección fue del 29%, con un pico de incremento en Tierra del Fuego (53%), Catamarca (48%) y Buenos Aires (44%). “Los gobernantes pueden aducir que esa suba del plantel obedeció a una mayor cantidad de servicios brindados a la población. Ahora bien: lo que habría que preguntarse es si la calidad del servicio de educación, de salud o de educación también aumentó en el mismo porcentaje”, plantea el economista.