Quien está acostumbrado a hacer negocios suele anteponer las oportunidades a los riesgos que corre el proyecto. Generalmente se hace un estudio de mercado para saber en cuánto tiempo puede retornar el capital invertido; y, mientras tanto, teje alianzas. Los empresarios exitosos no se quedan solamente en la queja; buscan dos o tres soluciones a un problema que se le presenta camino al objetivo. No imitan a los políticos; en todo caso, suelen evitar las peleas internas que desgastan y actúan en conjunto. El macrismo es una muestra de constancia en ese aspecto. No hay consultora ni CEO que no se haya tentado a formar parte del gabinete nacional. Muchos integran la primera línea de la gestión de Mauricio Macri.

En definitiva, los viejos políticos convirtieron a la actividad pública en eso, en un negocio, en una empresa que no quiebra, pero que puede ser pasada de manos con problemas financieros tan profundos que hereda el que viene. Y así estamos, pagando la cuenta con más impuestos y con más tarifas en los servicios. Claro que “la política” poco toma en cuenta la carrera que hemos padecido, durante los últimos años, entre la inflación y los salarios. Hasta ahora, gana holgadamente la primera. Ni hablar de las asimetrías, inequidades, desequilibrios, distorsiones o como quiera denominarse a lo que padece gran parte de los asalariados de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Hay promesas de remediar esa situación; sólo promesas de que será modificada en marzo, cuando el Congreso Nacional abra un nuevo período de sesiones ordinarias. Mientras tanto, el salario seguirá siendo considerado como una ganancia sólo para tributar.

El verano transita con las medidas propias del cambio de temporada, esas que levantan más la temperatura ambiente. Desde el Gobierno nacional tratan de mostrar que todo lo que se define ahora es producto de la inacción de la última etapa del kirchnerismo que transitó bajo la presidencia de Cristina Fernández. Gran parte de la población, en tanto, está ahora más pendiente de los precios de la Costa, de las Sierras o de Brasil que los valores que se reajustan en la realidad económica argentina. Fue, es y será así la conducta nacional. Pero en febrero, cuando empiecen a llegar las boletas de los servicios públicos privatizados, otro será el humor. Un carnaval de reajustes y de incrementos tarifarios. Tal vez para entonces, también, los empresarios sepan, con más certeza, cómo es ese ambicioso proyecto de radicación de un shopping popular. Ese será otro dolor de cabeza para el sector privado tucumano que ahora trata de luchar contra un incremento del impuesto sobre los Ingresos Brutos que está tan firme como la necesidad del Gobierno de recaudar para solventar los crecientes gastos. La cúpula empresarial no encontró el modo de frenar una decisión de la Casa de Gobierno de aumentar las alícuotas impositivas. No terminó de reponerse de una intestina interna gremial empresaria cuando el Poder Ejecutivo le comunicó que pagarán más tributos.

Ahora hay otro round abierto que puede resultarle costosísimo si no le encuentra la vuelta: Enrique Antequera, administrador de la feria más grande del país, Urkupiña, acaba de anticipar que tiene previsto instalar una “Salada” en Tucumán. No se sabe todavía con quiénes habla el empresario más respetado de Lomas de Zamora, pero sí que su proyecto de radicación está previsto para junio, tal cual le contestó escuetamente a este columnista.

Hablando de oportunidades, Antequera tiene en claro que el 40% de la economía tucumana se mueve en la informalidad. No es un dato menor. Es la razón del avance de las ferias. Uno de los últimos informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) proyectó que la venta ilegal en la Argentina mueve $ 53.000 millones anuales, una cifra que equivale al presupuesto que necesitan Tucumán y Jujuy juntos para administrar el sector público. Solo en 129 ciudades del país se detectaron 560 “saladitas”, en las que trabajan alrededor de 78.000 puesteros y manteros. San Miguel de Tucumán figura en el noveno lugar, con unos 1.600 puestos de venta informal, de acuerdo con el reporte de la CAME. El problema ahora cobraría otra dimensión: una “Salada” de las características de Urkupiña, Ocean o Punta Mogotes implica la generación de toda una industria alrededor de esa feria, en toda la cadena de comercialización. Para semejante proyecto se requiere el acompañamiento político. La pregunta que se hacen algunos empresarios locales es: ¿quién apadrinaría la radicación de tal emprendimiento? Así las cosas, la “Salada” es más una amenaza que una competencia para los empresarios tucumanos, en el año del Bicentenario. Hay que observar qué reflejos tendrá el sector privado para hacerle frente al popular pulpo comercial.