“De este lado los peones, del otro los empresarios”. Envalentonados, así ingresaron los representantes de tres sindicatos de taxistas. Carlos Pizarro, secretario del Sindicato de Peones de Taxi; Antonio Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera; y Julio Rodríguez, de la Asociación de Choferes de Taxis, fueron invitados por LA GACETA para opinar sobre el panorama de uno de los dos medios de transporte urbano que regula el municipio de San Miguel de Tucumán.
En algo más de una hora de encendido debate, salpimentado con comentarios mordaces y chicanas, los dirigentes alcanzaron el consenso sobre los principales problemas del servicio: la proliferación de vehículos ilegales, la tarifa desactualizada, la relación taxi por habitantes en la capital, la precariedad laboral y la abundancia de testaferros que permiten que diferentes grupos acaparen licencias. Los tres coincidieron en dos pedidos. Por un lado, que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán incremente los controles para que se cumplan las ordenanzas; y que se conforme una comisión con integrantes de todos los municipios que integran el área metropolitana para buscar soluciones de fondo.
El puntapié del debate fueron las expectativas para 2016. Este año se cumple una década de vigencia del Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa), sancionado en abril de 2006 por la ordenanza N° 3.714. La medida nació para reorganizar el caos de taxis y remises tras el brutal crimen de Paulina Lebbos, perpetrado el 26 de febrero de ese año. “Esto es pura broma: dos o tres manipulan todo. El sector de la periferia es trabajado por truchos o por móviles de otros municipios. Las leyes están, hay que cumplir con la normativa. Queremos mejoras y menos cháchara”, afirmó con bronca Antonio Rodríguez.
Pizarro, a su vez, se enfocó en la precariedad laboral. “¿Saben cuál es el repuesto más barato? El chofer, el peón. Si el empleado exige tener obra social, lo echan, porque sabe que otro estará dispuesto a trabajar”, graficó el dirigente. Expresó que espera con ansias la llegada de marzo, cuando retorne la actividad en el Concejo Deliberante, porque -dijo- los concejales se habrían comprometido a sancionar por ordenanza el blanqueo de los trabajadores del sector, refrendando una resolución de la Autoridad Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Llevamos muchísimos años de lucha y el Concejo al fin se puso los pantalones, como se dice, para brindar soluciones a los peones de taxi. Son muchos años sin seguro, sin ART ni obra social. La mayoría de los propietarios de taxi juegan con la necesidad”, recriminó Pizarro.
Antonio Rodríguez respondió de inmediato. “Estoy de acuerdo con Pizarro, porque hay que dignificar la vida del trabajador. El ejecutivo municipal se tiene que involucrar en el problema: si el trabajo tiene que ser formal, la actividad tiene que ser formal. El órgano de control es el principal transgresor, porque no hace cumplir la normativa. No puede ser que haya un límite de cinco licencias, pero que haya algunos que acaparen 100 o 200 licencias gracias a testaferros. ¿Para qué tenemos un costoso Concejo Deliberante si después no se hacen cumplir las ordenanzas?”, recriminó el dirigente sindical.
Julio Rodríguez, que representa a propietarios y conductores auxiliares, tomó un tono concertador, y pidió que se convoque un equipo con funcionarios, dirigentes y expertos en la materia, para trabajar con soluciones de fondo. “Lo que buscamos nosotros es que la actividad tenga rentabilidad y que el trabajador sea dignificado. El sector tiene pérdidas: por turno, el ‘rojo’ ronda los $ 300, si lo multiplicamos por 26 días son alrededor de $ 8.000 pesos y si lo trasladamos al año son casi $ 100.000. Eso significa que los 7.000 taxis, que en teoría trabajan en la capital (sin contar ilegales, obviamente), da una cifra de alrededor de $ 655 millones que pierde la actividad por año. Ese monto perdemos al año”, expresó en la entrevista.
El chofer, por día, puede sacar alrededor de $ 250 de ganancia. “El peón tiene pérdidas todos los días, porque trabaja en negro: no tiene seguro ni obra social. Día que no trabaja, día que no hay pan. Insisto, es el repuesto más barato: pasa algo y lo cambian”, reiteró Pizarro. Los autos se alquilan por turno, a $ 450 (depende del propietario y del vehículo).
Los tres dirigentes esperan que en breve se produzca un ajuste en la tarifa. Coincidieron en que el aumento debería rondar el 35%, para aumentar la bajada de bandera a $ 9 y la ficha a $0,90. “El aumento del servicio debería ser como en otras provincias, que se equipara a las paritarias: dos subas anuales, con aumento en marzo y en agosto. De esta manera le quitamos el peso político al Concejo”, propuso Julio Rodríguez. Pizarro insistió en la importancia de actualizar el valor: “la paritaria del sector es la tarifa, el trabajador es el principal perjudicado por la desactualización del monto”, agregó.
El representantes de los taximetreros equiparó la tarifa desactualizada con la seguridad vial. “La tarifa es un tema: el propietario alquila el coche y el chofer se mata en turnos de 12 horas y maneja como si fuera Fórmula 1 porque ese tipo necesita hacer plata. Ese muchacho empieza el día $ 700 para abajo, entre el GNC, el alquiler... Es una lucha por la supervivencia”, opinó Antonio Rodríguez. Para el dirigente el problema es que la oferta supera la demanda. “Tenemos un taxi cada 84 habitantes, cuando debería haber uno cada 283. El camino es trabajar juntos, a 10 años del Sutrappa seguimos con los mismos problemas”, finalizó.
Carlos Pizarro, Peones
“si no se aprueba la ordenanza que garantiza el trabajo en blanco, coparemos la plaza”
“Queremos que el intendente Germán Alfaro se haga eco de la problemática del sector y haga ingresar al trabajador de taxi dentro del sistema. Si no, saldremos a la calle. Este año tenemos que lograr el blanqueo”, advirtió Carlos Pizarro. Y añadió: “tienen que darse las condiciones para que los propietarios lo puedan hacer, lógicamente, pero algo tiene que quedar en claro: si un propietario tiene un chofer, lo tiene que tener en blanco. La conformación anterior de la comisión de Transporte ya había dado dictamen para que se exija entre los requisitos para mantener la licencia el blanqueo de los peones. Son casi 10.000 trabajadores en la capital, son muchas familias que están totalmente desprotegidas”.
Antonio Rodríguez, ATIAT
“La actividad quedó desnaturalizada, se necesitan controles”
“La oferta supera la demanda, nosotros trabajamos porque tenemos una tarifa social. Hay una ecuación a nivel mundial sobre la cantidad de taxis por habitantes, acá se obvió y tenemos un auto cada 84 habitantes. Si no modificamos estos números estaremos hasta las manos. Debería haber, como mínimo, un taxi cada 120 personas. Otro problema es el de las licencias. Hay algunos que tienen dos licencias de la Capital, tres de Las Talitas, un par de Tafí Viejo... Una cosa es querer trabajar y otra ser ‘agarreros’: las quieren todas. El viejo taximetrero, que quedamos unos cuantitos, está detrás del volante. La actividad quedó desnaturalizada. Se necesitan controles, se tienen que dejar de rasgar las vestiduras y revisar licencias, carnets de manejar y demás”, afirmó Rodríguez.
Julio Rodríguez, ACOT
“Se necesita una solución de fondo a los problemas del sector”
“Hay mucho para analizar sobre los problemas del sector, se necesita una solución de fondo. Desde que se creó el Sutrappa hasta hoy surgieron muchas irregularidades, hubo denuncias incluso de la concejala Sandra Manzone. Buscamos que la actividad sea rentable. El acompañamiento de la Municipalidad y de la Provincia es fundamental, si no se quita la ilegalidad y se combate a los truchos (que tienen padrinos en los barrios), no vamos a solucionar ningún problema. Hay más de 2.000 autos que trabajan ilegalmente. Se debe tener en cuenta que la actividad agrupa a un amplio sector de la sociedad: cuando alguien queda sin trabajo, automáticamente busca empleo como taxista. El taxi es la contención de todos los otros trabajos que aplican ajuste”, apuntó Julio Rodríguez.