Temprano nomás los tucumanos podrán saber qué clase de Justicia tendrán en relación con el nuevo Gobierno provincial. La judicialización de ese espectáculo oprobioso que ha representado en 2015 el retiro en valijas de casi $ 200 millones de dineros de la Legislatura (un escándalo tan histórico como el Bicentenario de la Independencia) es el equivalente a una bomba de hidrógeno institucional. Esta armada y lista para detonar. Sólo resta saber dónde estallará. Esa decisión le cabe a los Tribunales locales. Y solamente a ellos.
Durante esta primera (y anegada) semana del año terminaron de sellarse todos los circuitos del explosivo caso. LA GACETA dio a conocer el domingo que en la Justicia Federal ya hay un dictamen de fiscalía que considera que la competencia para la investigación de las maletas megamillonarias es del Poder Judicial provincial. Todos los cables, entonces, conducen a un único detonador: la denuncia de ese ciudadano valiente que es el abogado Oscar López.
La “bomba valija” se aloja en el corazón mismo del poder político. Sobre ella está parado nadie menos que el gobernador de Tucumán por su condición de ex vicegobernador de este subtrópico.
Realidad y registro
De los dineros de la cuenta legislativa de los “Gastos sociales” estaban repletas las maletas que salían del banco oficial. A razón de $ 6 millones por baúl con rueditas. Ahora bien, así como todo el mundo sabe que a los “gastos sociales” los gastan los legisladores, poder probarlo en sede judicial es otro asunto. Y, de acuerdo con el mecanismo con que se reparten esos recursos, lo cierto es que los parlamentarios, individualmente, están algo blindados. En rigor, no hay papeles oficiales que determinen que los legisladores reciben personalmente esa plata. Es decir, una cosa es la realidad y otra son los registros.
¿Cómo funciona en los hechos? Cada parlamentario recibe a principios de mes (según el estatus, unos pasan por ventanilla y a otros les llevan la plata al despacho) una suma de dinero. A cambio irá entregando, progresivamente, papeletas a modo de recibo donde constan nombre, DNI y la suma que se asignó presuntamente a cada beneficiario, hasta completar la cifra recibida. Sólo entonces queda habilitado para recibir los “gastos sociales” del mes siguiente.
¿Cómo figura legalmente el trámite? La Legislatura (y no el oficialista Fulano de Tal ni el opositor Mengano de Cual) entregó ayudas sociales a esas personas. Punto. O sea, los parlamentarios no dejan sus huellas digitales en ninguno de esos comprobantes oficiales.
Eso no quiere decir que no haya un registro de lo que recibe cada uno. Lo hay, sólo que no es “oficial”. Es, para decirlo de algún modo, “paralelo”. Cuando recibe los fondos a principios de mes, cada uno firma en Tesorería un recibo “en negro”. Esos papeles (émulos de los remitos en los que se asienta la mercadería que un local comercial mandó a una sucursal) no forman parte de ninguna rendición de cuentas. Van a parar a alguna caja de seguridad de siete llaves, a modo de control interno...
Pero Juan Manzur no goza de la misma coartada: como presidente de la Legislatura entre 2007 y 2015, él fue el responsable de la administración de esos dineros. Su firma, particularmente, se encuentra asentada en los movimientos financieros del año pasado.
Más aún: en 2014, cuando la cabeza de la Cámara era Regino Amado como presidente subrogante, el Poder Legislativo gastó $ 846 millones, según el informe de cuenta de inversión de ese año. En 2015, cuando Manzur dejó la Nación y reasumió como vicegobernador, el Presupuesto ampliado alcanzó los $ 1.530 millones, según votó la mismísima Cámara.
Lo repartido y lo ejecutado
Otro asunto para nada menor es que, ciertamente, los números de la partida de “gastos sociales” no cierran. Originalmente, el Presupuesto 2015 pautó $ 156 millones para esa “asistencia”. Si se divide por los 12 meses del año y por los 49 miembros de la Cámara, el resultado es de $ 265.000 mensuales per capita. Es una cifra con pretensiones de ser un promedio más o menos cierto entre lo que se dice que recibían los legisladores más rasos del oficialismo y los opositores (entre 60.000 y 100.000 según las versiones) y lo que acaparaban los referentes más encumbrados del Frente para la Victoria ($ 400.000 es la coincidencia unánime). El problema es que el presupuesto para “gastos sociales” fue ampliado a $ 506 millones en septiembre; y lo realmente ejecutado terminó sumando $ 600 millones en octubre, cuando cesó la gestión anterior.
Dividir esos $ 600 millones en 10 meses y en 49 parlamentarios arroja un promedio de $ 1,2 millón mensuales por cada uno. Y, al respecto, dos cosas son ciertas. La primera es que ningún legislador es inocente de los “gastos sociales” y así haya manejado $ 60.000 mensuales validó todo el sistema. La segunda es que ningún legislador dispuso de un millón y un cuarto de pesos por mes de enero a octubre. Mucho menos los 49 juntos.
Entonces, ¿a dónde fue a parar la diferencia?
Lo retirado y lo destinado
Una pregunta similar vale para las valijas. En ellas retiraron $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto. Frente a esa realidad fotografiada y publicada en este diario, la respuesta que esparcieron los nuevos inquilinos de Casa de Gobierno fue que se trató de recursos para la campaña electoral provincial (los comicios fueron el 23 de agosto). El problema con ese argumento es que tampoco le cuadran las cifras.
Como se apuntó, el Presupuesto de la Legislatura alcanzó los $ 1.530 millones el año pasado, un 81% más en comparación con 2014. ¿Cuál indicador de inflación usaron? El “Índice de Año Electoral”. O construyeron un par de nuevos edificios legislativos y los mantienen ocultos, o por lo menos es dable sospechar que las partidas de la Cámara fueron infladas salvajemente (había suficiente para gastar $ 127 millones por mes) para retirar progresivamente, durante el primer semestre, los fondos para aceitar la parte de la maquinaria clientelista que se paga “cash”. Porque la otra parte (la más grande) fue lubricada durante una década y afinada el año pasado.
Hubo nombramientos masivos en municipios y comunas, que se hicieron visibles en aquellos donde el oficialismo perdió (Concepción, Bella Vista y Yerba Buena) y donde las nuevas intendencias no quisieron hacer cargo de los “paracaidistas”. Los contratados del Estado pasaron, según fuentes demasiado informadas, de 8.000 a 20.000. La planta de personal permanente se duplicó durante el alperovichismo, que recibió una provincia con 43.000 estatales y la devolvió con 80.000 empleados, según el Presupuesto General de la Provincia. Sobre este Macondo, además, no llovieron flores amarillas sino que granizaron planes sociales y subsidios. ¿Pero todo esto no alcanzaba, así que retiraron $ 193 millones en valijas en los últimos 90 días? ¿Hacía falta? ¿Fueron para la campaña?
Algo es seguro: no fueron para financiar obras públicas que eviten el escarnio de los anegamientos para los tucumanos pobres del interior. Ni valijas tienen esos comprovincianos que se inundan todos los años, sólo para quedar más pobres que la vez anterior cuando el agua desciende. La modernidad llegará el día en que el Estado provincial garantice esa certeza paleolítica según la cual los puentes son estructuras hechas para que el agua pase por abajo y las personas por arriba, y no al revés.
El margen y la creencia
Le quedan 22 días a la feria judicial. El 1 de febrero iniciará la cuenta regresiva de la “bomba valija”. Ese lunes también comenzará -en verdad- el nuevo año para la Justicia. Ese poder que concluyó maltrecho los últimos trechos de 2015.
La Corte ha sufrido una implosión. La elección de autoridades, que no debiera ser casi un trámite administrativo, terminó con vocales que, por escrito, han asegurado que sus pares violan las leyes. Del otro lado hubo elogios a la versación jurídica de unos magistrados, que los omitidos interpretaron como la aserción tácita de que ellos carecen de tales idoneidades.
También un sector del Superior Tribunal y del Ministerio Fiscal han sembrado de bombas sus relaciones. Desde uno y otro lado operó un incesante intercambio de acusaciones referido a que jueces y fiscales hacen cualquier cosa el debido proceso.
La Junta Electoral, donde el Poder Judicial es mayoría, protagonizó, acaso, el peor papel de su historia durante los incendiarios comicios que convirtieron a esta, la provincia más chica del territorio nacional, en la vergüenza electoral más grande de la Argentina.
Mientras las calles exhibían un carnavalesco desfile de electores bolsoneados y acarreados, la Junta desmentía “terminantemente” que hubiera irregularidades. Mientras había gendarmes heridos en tiroteos y urnas quemadas, embarazadas y vaciadas, la Junta respondía que no investigaba porque no recibía denuncias. Mientras se refajaban urnas en los recintos de custodia donde las cámaras de seguridad dejaban de funcionar por culpa de cortes de luz que jamás existieron, la Junta reivindicaba su actuación. Mientras decenas de miles de tucumanos, noche a noche, llenaban la plaza Independencia una y otra vez en reclamo de una votación decente, la Junta extendía certificado de transparencia a la elección.
Entonces llegó el pronunciamiento de dos camaristas en lo Contencioso Administrativo, dinamitando las validaciones de la Junta Electoral. Sentenciaron que la votación era nula y que había que ir a las urnas otra vez. Luego la Corte, sitiada por militantes arengados por José Alperovich y Manzur, con el edificio pintado con consignas como “Muerte a los traidores”, falló. Justo cuando desde la Casa de Gobierno recrudecía la velada amenaza de una intervención federal, jueces cimeros (titulares y supletorios) dijeron que los comicios habían sido perfectamente válidos. Como no habían sido anuladas la mitad de las 3.601 urnas, todo era legítimo, nomás...
A todos los costos los pagó el Poder Judicial. Porque los que fueron proclamados electos asumieron sus cargos. Unos gobiernan, otros legislan y hay quienes hacen ambas cosas. Las bombas institucionales no se desactivan. Estallan invariablemente y sus explosiones redistribuyen autoridad. Porque el poder no se pierde, sólo se transfiere.
En tres semanas será el turno de la “valija bomba”.
De un lado, todo el poder político (presente y también pasado, y sin distinción de banderías políticas) quiere anular la cuestión.
Del otro, es dable suponer que un sector importante de la opinión pública quiere saber de qué se trata.
Sólo hay dos posibilidades. Una es que la Justicia hace explotar la maleta, y eso involucrará a todo Tribunales. Si hay que investigar a legisladores (con fueros) y a funcionarios (con privilegios procesales propios del cargo), sólo procede una investigación jurisdiccional que lleva adelante un juez, pero en la que también tiene vista el fiscal. La otra opción es que la misma Justicia se lleve la bomba a su palacio para archivarla y hacerse cargo de la onda expansiva.
La pregunta, en cualquier caso, es para cuál de las maniobras tiene margen el Poder Judicial. O, más bien, para cual cree que tiene margen.
En el preludio de la respuesta lo que se oye es un implacabale “tic-tac”.