En la última semana hábil de 2015, el gobernador, Juan Manzur, confirmó que la Provincia hará un esfuerzo para desembolsar el bono de $ 4.000 de fin de año. El extra, que había sido gestionado por gremios estatales (tanto cercanos al PE como opositores), tuvo repercusión directa en el Poder Judicial.
Omar Maldonado, secretario general de la Agrupación Judicial Provincial 16 de Noviembre (AJP), y Luis Aníbal Núñez, secretario adjunto de la organización sindical, elevaron un pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, para que también los empleados judiciales del sur perciban el bono de $ 4.000. “Nuestra pretensión tiene fundamento no sólo en la profunda pérdida del poder adquisitivo del sueldo de los trabajadores, sino que además al reintegrarnos a la actividad en los primeros días del mes de febrero se da inicio al ciclo escolar, lo cual expondrá a cada trabajador no sólo a los gastos habituales de la familia, sino a grandes y fuertes gastos en artículos escolares, indumentarias, calzados, matrículas, abonos de transporte urbano y demás necesidades propias de ese inicio escolar”, señalaron los dirigentes sindicales del Centro Judicial de Concepción. Instaron además a Gandur a que sea en un único pago.