Lo habían buscado durante meses al estar acusado de integrar una banda que cometió diferentes asaltos en la provincia. Después de haber permanecido prófugo, fue detenido en agosto de 2014. La Justicia le dictó la prisión preventiva al ser uno de los sospechosos de haber cometido un atraco a un Pago Fácil. Sin embargo, sus abogados lograron que la Cámara de Apelación en lo Penal disponga su traslado al departamento de su madre, en el microcentro tucumano, para iniciar un tratamiento por su adicción a las drogas.

Germán “Mocho” Zamudio, hijo de Enrique Zamudio, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, fue afortunado. La Justicia estableció que tenía prohibido salir del departamento, salvo “para el estricto cumplimiento de su tratamiento médico”. “Tiene un problema de adicción a los estupefacientes y el penal no tiene la infraestructura para tratarlo. Por eso nuestro pedido puntual”, explicó Arnaldo Ahumada que, junto a Fernanda Battig, no sólo consiguieron ese beneficio, sino que además, dos meses después, lograron que se le dictara el cese de prisión. Todos los imputados en delitos que son adictos a los estupefacientes tienen ese derecho, pero no todos cuentan con los recursos para hacer planteos similares y, mucho menos, cubrir los costos de un tratamiento que, según estimaron los defensores, llegan a costar hasta $ 30.000 por mes, que no son reconocidos por la mayoría de las obras sociales.

“Hay dos alternativas. Hacer un planteo en el fuero penal con el que se puede conseguir algo, pero nunca es lo suficiente. El mejor camino es acudir al fuero civil para que se consiga una orden de internación”, comentó el abogado José del Río. Lograr esa resolución, según los profesionales, tiene un costo de entre $ 9.000 y $ 13.000, lo que resulta inalcanzable para la mayoría de las familias que tienen algún hijo o pariente con conflictos con la ley.

Del Río asegura que una orden de la Justicia tampoco es suficiente .“Tuve un caso en el que logré la orden judicial, pero cuando me presenté a una de las clínicas, no quisieron recibirlo porque tenía causas penales, una conducta agresiva que pondría en peligro el tratamiento de los otros internados”, concluyó Del Río.