Las constructoras locales advirtieron el corte de la cadena de pagos con fondos estatales, que ha llevado a que las empresas consideradas PyME opten por despedir personal.

“La situación actual es que las empresas están tomando medidas de manera individual. Están despidiendo personal gradualmente, ajustando los costos fijos. Están desprendiéndose del valioso capital humano que fueron formando a lo largo del tiempo”, dijo el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Enrique Daniel Mafud.

En la entidad, que representa a unas 50 firmas, se aclaró que diciembre es el mes de mayor erogación de las empresas. En ese período se debe establecer el pago de las dos quincenas, la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones. “Hoy las empresas no tienen los fondos siquiera para las quincenas. La obra pública ha sido financiada, prácticamente, por el Banco del Tucumán-Grupo Macro. Si la entidad bancaria no acompaña también este mes, será imposible el cumplimiento de la quincena”, enfatizó.

En Tucumán la ocupación laboral en la actividad ha alcanzado los 11.200 operarios hasta septiembre, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). Sin embargo, se presentó en los meses siguientes una tendencia negativa que reduciría ese nivel hasta cerca de los 10.000 trabajadores. En momentos de dinamismo, la construcción llegó a contener a 18.000 personas.

Los representantes de la entidad se reunieron el lunes con el equipo económico del Gobierno, encabezado por el ministro de esa área, Eduardo Garvich. Allí plantearon las dificultades que se generaron a partir de los retrasos de los desembolsos por certificados de obras públicas. La demora data, según el sector privado, de julio y se extendió hasta noviembre (devengados). Aunque en el Gobierno afirmaron que la deuda corresponde a julio, agosto y septiembre (90 días).

Ley provincial de Obras Públicas (N°5.854) establece un plazo máximo para el pago de Certificados de Obra de 55 días. En las últimas semanas, la Cámara de la Construcción ha llamado la atención sobre dilaciones de hasta 150 días.

La implementación de mecanismos de descuento o venta de certificados en el Banco del Tucumán permitió a las contratistas formalizar convenios y terminar las obras. Los privados debieron cumplir con los intereses que llegaron a un 40% anual, dijo la Cámara en un comunicado oficial. Según el sector, esa asistencia financiera “relajó” a los organismos del Estado respecto de los plazos contemplados en la norma provincial.

“El Ministerio de Economía no nos ha dado ninguna solución concreta ante nuestro planteo. El ministro (Garvich) nos pidió que lo acompañemos hasta Buenos Aires para que lo ayudemos en la gestión (frente a la Nación)”, dijo Mafud. “El Gobierno debería tener un acto reflejo, nadie pretende que el problema se resuelva de manera definitiva, ya que esta situación ha adquirido una grave importante”, añadió Mafud. Hoy se concretaría una reunión con representantes nacionales.

El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (Ipvdu), Gustavo Durán, había justificado el atraso de la liberación de los recursos a las empresas al informar que el Gobierno nacional adeudaba $ 180 millones. Entre los empresarios aclararon que la deuda acumulada entre julio-noviembre sería de $ 490 millones.