La condena impuesta a Gonzalo Callejas -fue sentenciado a cuatro años y un mes de prisión por haber atropellado al canillita Raúl Marcelo Pucheta, causando su muerte, en 2010- reactualizó en la opinión pública tucumana y entre los expertos el debate respecto del valor y la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores de vehículos, y el efectivo control de la seguridad vial que deben realizar las administraciones públicas correspondientes.
Callejas fue encontrado culpable de homicidio culposo por haber chocado el 10 de julio de 2010 a Pucheta. En esa ocasión, el conductor abandonó a la víctima en la esquina de la avenida Mate de Luna y Alfredo Guzmán, de nuestra ciudad, lugar donde sucedió el terrible choque. Aunque el tribunal que llevó adelante el proceso judicial dispuso también prohibir que Callejas maneje cualquier tipo de vehículo por 10 años -la condena podrá ser apelada- la familia de la víctima y buena parte de la sociedad tucumana polemizaron sobre la sentencia. El caso bien puede considerarse emblemático, toda vez que muestra una dramática realidad de transgresiones de las normas de tránsito, el escaso o hasta nulo control que ejercen agentes y autoridades competentes sobre el tráfico en calles y rutas -situaciones a veces vinculadas con la incompetencia- y finalmente el apego de las administraciones a sistemas recaudatorios con multas en detrimento de la educación vial y de la prevención, que eran los ejes con que se iba a movilizar la Agencia Nacional de Seguridad Vial desde 2008.
Ciertamente, conducir a las velocidades permitidas por las disposiciones vigentes, no ingerir alcohol antes de ponerse al frente del volante, y sobre todo, tener plena conciencia de que debe respetarse a los transeúntes y a las demás personas que también utilizan esos espacios públicos, son premisas esenciales de la vida en sociedad. Las campañas comunicacionales tendientes a promover la concientización de la seguridad vial, realizadas por parte de organismos del Estado y de organizaciones sociales no han logrado que disminuyan los accidentes con pérdidas de vidas humanas; los dramas de familias enteras se suceden en las crónicas policiales. No respetar el semáforo, utilizar el celular al manejar y no usar cinturón de seguridad están entre las principales normas que se violan. En 2014, la asociación civil “Luchemos por la vida”, contabilizó 7.613 muertes en el país por hechos de inseguridad vial; y en Tucumán, la cantidad de muertes en accidentes de tránsito creció en relación a los últimos años, de acuerdo al relevamiento de esta ONG. El Gobierno nacional creó la Agencia de Seguridad Vial precisamente para mejorar y reordenar las legislaciones vigentes y las políticas respectivas. Pero, ¿qué está ocurriendo entonces que las tragedias en las calles y en las rutas se suceden a diario? ¿Cuántos nuevos dramas habrán de señalarse para que se avance sistemática sostenidamente en la resolución de esta dolorosa problemática? ¿Deberían incrementarse las condenas para los accidentes de tránsito? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades que no aciertan con las políticas adecuadas? Un debate urgente, amplio, profundo y responsable de toda la sociedad, liderado por los gobiernos, debería estar en la agenda pública inmediata. Programas continuos de alertas sobre la necesidad de respetar al otro en las calles y en rutas, y una respuesta moral, personal, familiar y concienzuda de la situación tendrían que figurar entre las señales que comiencen a cumplirse enseguida.