Las idas y vueltas del trámite de “Sigen” y “Eudal”, dos investigaciones sobre el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), quisieron que ambos expedientes terminaran acumulándose en un solo caso. La causa resultante recayó en el Juzgado Federal N°2, que encabeza Fernando Luis Poviña, luego de cumplir un itinerario que incluyó la excusación de Daniel Bejas, juez federal N°1, por amistad con Silvia Peyracchia, abogada del ex rector Juan Alberto Cerisola. Fuentes judiciales informaron que Poviña quedó en condiciones de definir si indaga o no a los seis funcionarios y ex funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) imputados por el fiscal Carlos Brito: Cerisola; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional (UCR); Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Olga Graciela Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; Horacio Alfredo Lobo, inspector de la obra de Filosofía y Letras, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones.

Si bien las denuncias que presentaron el arquitecto Ramón Eudal, y el abogado y peronista disidente Oscar López ingresaron primero al Juzgado Federal N°1 (2010), la investigación de las dudas expuestas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en 2013 avanzó más rápido. En mayo de 2014 y en el ámbito de esa segunda pesquisa, Brito solicitó a Poviña que interrogara a los acusados Cerisola, Reimundín, Cudmani, Lobo y Venturino acerca de las presuntas irregularidades detectadas en la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, y en la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (ver nota relacionada en esta edición). En su dictamen, Brito citó la siguiente conclusión de la auditoría de la Sigen: “las autoridades de la UNT crearon un mecanismo normativo paralelo (mediante resoluciones de 2008) con la finalidad de eludir los procedimientos que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, obviando la Ley de Obras Públicas”.

Pero, en junio de 2014, Poviña resolvió la acumulación del caso “Sigen” con “Eudal” y derivó su expediente a Bejas con el argumento de que este había intervenido en primer término (luego, ese juez se excusó y la causa volvió al Juzgado N°2). Brito, por su parte, se había opuesto a esta decisión: según su criterio, los hechos no eran coetáneos y tampoco estaba clara la conexión entre los involucrados. “Se generaría un grave retardo en la causa ‘Sigen’”, dictaminó.

Con el tiempo, la acumulación dispuesta por Poviña recibió el visto bueno de la Cámara Federal de Apelaciones. En el ínterin, la investigación del manejo de los $ 342 millones que la UNT recibió de YMAD entre 2006 y 2009 desembocó en una nueva acusación contra altos funcionarios universitarios. En esta ocasión, Brito pidió a Bejas que indague a Cerisola, a Sacca, a Cudmani y a Reimundín. Al ex rector y al ex subsecretario de Políticas Administrativas, el fiscal les reprochó la supuesta inversión de los fondos de YMAD sin un criterio lógico explícito. “Habrían optado por una elevada exposición al riesgo sin un rendimiento que justificara (tal decisión) como contrapartida. Ambos hicieron depósitos elevados a plazos largos en instituciones financieras de ‘menor nivel’ y a tasas similares que las obtenidas para inversiones de menor cuantía en instituciones bancarias de primer nivel”, objetó.

Brito dijo que Cerisola debía responder por un cheque de $ 20 millones recibido por la UNT cuyo destino era desconocido. También atribuyó al ex rector la ausencia de control de la porción de utilidades de YMAD que correspondía a la UNT: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año -el porcentaje se redujo en virtud del convenio firmado por el propio Cerisola, que dio por cumplida la obligación original de YMAD-. “Las utilidades repartidas antes y después nunca alcanzaron los porcentajes estipulados”, expresó el fiscal.