Los condenaron el martes. En una geografía lejana a Tucumán, pero un contexto inmediato para la actualidad de esta provincia. A Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación entre 1989 y 1999, le impusieron una pena de cuatro años y medio de prisión. A Domingo Cavallo, ministro de Economía de Menem y de Fernando de la Rúa, le aplicaron tres años y medio. Y a Raúl Granillo Ocampo, ministro de Justicia durante el menemato, le correspondieron tres años y tres meses.

El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital Federal los sentenció en el juicio por el caso del pago de sobresueldos. Para ser más precisos, los encontró culpables del delito de peculado. “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”, establece el artículo 261 del Código Penal de la República Argentina.

La causa se inició en 2003, cuando María Julia Alsogaray fue juzgada (y luego condenada) por enriquecimiento ilícito, y trató de justificar su incremento patrimonial alegando, precisamente, que cobraba cuantiosos sobresueldos. De ese expediente se desprendió esta otra causa, tramitada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien identificó “un sistema por el cual se destinó dinero público para el pago de sumas a funcionarios (...), las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos”.

Por si no se entiende: en el orden nacional, a Menem y compañía los condenaron por llevarse sobres con dinero estatal. En el mismo semestre, en el orden provincial, la Legislatura de Tucumán sacaba valijas repletas de dinero de su cuenta corriente y las subía a camionetas oficiales sin que pase nada. Legítimamente nada.

Claro que cabe cuestionar que a los magistrados federales les llevara una docena de años condenar a los ex funcionarios nacionales. Pero en Tucumán, una docena de días le llevó a la Fiscalía N° 5 afirmar que trasladar dinero en baúles es riesgoso, pero no es delito. Desde que el jardín de la república devino selva, nunca se puede distinguir cuál de las opciones es la peor. Ni siquiera se puede precisar cuál es, exactamente, la realidad. Por caso, todo indica que aquí se da el extraño fenómeno de las maletas repletas de millones que son de nadie. Tal vez el dinero se aburre en el Banco del Tucumán y sólo lo sacan a pasear... Algo es seguro: estamos en problemas. Esa es la manera más elegante de definir un estadio institucional en el que las prácticas espurias con el dinero del pueblo necesitan de recipientes mucho más grandes que los del menemismo... y nadie tiene que dar explicaciones.

En la última década argentina del siglo pasado, el que llegó a la Casa Rosada instrumentó el pago discrecional e informal para los miembros de su poder. En las primeras décadas tucumanas del siglo XXI, el que alentó los discrecionales e informales “gastos sociales” llegó a Casa de Gobierno.

El Poder Judicial argentino, aparentemente, demuestra que en algunas instancias está para controlar al poder político. La Justicia tucumana, en cambio, pareciera mostrar que, en la mayoría de sus estratos, está para otras cosas...

Magistrados contra magistrados

En primer lugar, hay severos y públicos indicios de que buena parte de los tribunales está para librar una “Guerra Fría” de unos contra otros, pero siempre con protagonistas sustitutos. Los verdaderos adversarios -a esta altura, enemigos declarados- no llegan a enfrentarse directamente. Cuanto menos, no todavía.

Esta semana, el camarista penal Enrique Pedicone acusó directamente al ministro fiscal Edmundo Jiménez, de poner en peligro nada menos que a la seguridad jurídica y a la ciudadanía. Y para fundar su pronunciamiento se despachó contra otros camaristas, contra jueces de primera instancia y contra fiscales de cámara y fiscales de instrucción, que conformarían un “cóctel explosivo” para -según Pedicone- dejar impunes hechos atribuidos a Guillermo Herrera, histórico amigo de Jiménez y hasta hace poco tiempo fiscal penal.

La contestación de Jiménez bien puede leerse como dos respuestas en una. “Llama la atención que un magistrado haga estas afirmaciones falaces sin ninguna mención de elementos que lo acrediten ni disposición legal que se hubiera contravenido”, espetó. La segunda parte está destinada a afirmar que él y los señalados por el camarista son, presuntamente, inocentes. La primera, “llama la atención”, podría referir a que un magistrado sólo disparará contra tantos miembros del Poder Judicial simultáneamente si tiene otro magistrado que lo respalda. Por ejemplo, uno que ande de cena en cena prometiendo que va a seguir en el cargo hasta lograr que el ministro fiscal ya no siga en el suyo.

Corte contra corte

En segundo lugar, aunque por estas horas en segundo plano, se ubica la sorda pelea de la Corte contra la Corte misma. Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse (los tres vocales que ya estudian el planteo de Pedicone) dieron sus votos para que el primero sea reelecto en el cargo, para que la segunda sea consagrada vocal decana (una suerte de vicepresidenta del alto tribunal) y para que el último conduzca el Consejo Asesor de la Magistratura. El llano fue para Antonio Estofán y para René Mario Goane, quienes -como se sabe- plantearon formalmente su disidencia en contra de la designación de Sbdar, con el argumento de que la Ley Orgánica de Tribunales reserva ese lugar para el más adulto de los vocales o para el que más tiempo lleve en la Corte.

Al respecto hay una disquisición semántica. La Ley 6.238 dice que “se preferirá al de mayor antigüedad en el cargo o el de más edad”. Para Estofán y Goane, según se filtró, la norma manda que se designe vocal decano al que reúna una u otra condición. Para Gandur, Sbdar y Posse, según trascendió, la norma no dice que la preferencia es excluyente: por tanto, puede ser tenida en cuenta o no. Ahora bien, para hacer caso omiso de una preferencia pautada por ley hay que fundar el apartamiento. Y el problema radica en los fundamentos brindados. Gandur argumentó su voto a Sbdar por una “perspectiva de género” y por “sus condiciones y versación jurídica”.

Aunque testigos calificados pretenden que la indignación de Goane es infinita -e irreproducible-, hay quienes deslizan que el vocal habría barruntado la posibilidad de plantear la reconsideración de que no se lo nombrase vocal decano. El fin de semana extra largo acaso sea el plazo definitorio para que decida actuar o no hacerlo.

Como fuere, entre las argumentaciones se filtra una duda razonable: si en verdad hay perspectiva de género en la Corte, Sbdar debería haber ocupado ya la presidencia, sobre todo por “sus condiciones y versación jurídica” predicadas por escrito.

Nadie contra el poder político

Que una porción importante de los miembros del Poder Judicial estuvieran enfrentados unos contra otros mientras las valijas legislativas iban y venían en junio ($ 48 millones), julio ($ 53 millones) y agosto ($ 92 millones), arroja una obviedad, que por obvia no es menos trascendente: evidentemente, no están ocupándose de lo que debieran.

No se trata, por cierto, de una cuestión de cantidades, veta que sostienen quienes advierten que hay 25 relatores para asistir a los cinco vocales de la Corte. Una cifra llamativa considerando que lo usual es que a los jueces de primera instancia sólo les corresponda un relator, aunque esa variable ha ido matizándose con el correr de los años (y el ascender en las Cámaras).

Más bien, se trata de una cuestión de calidades. Es decir, la Justicia es un poder que por estas horas exhibe enconados enfrentamientos internos porque, por estos años (por estos largos 12 años), no ha tenido enfrentamientos con los otros poderes del Estado. Los que domina el poder político. Es más: la última noticia al respecto fue la anulación de los comicios de agosto. Pero no bastaron las urnas quemadas, embarazadas ni vaciadas, como tampoco el acarreo, el bolsoneo y el tiroteo. Ni siquiera alcanzó el enigma de los videos perdidos por cortes de luz inexistentes ni mucho menos las filmaciones de gente refajando urnas en la Junta Electoral Provincial. Una semana después, los comicios eran declarados perfectamente válidos. Y uno de los magistrados validadores repetía, como si fuera un mantra, que el Código Electoral Nacional determina que no hay votación nula si no han sido impugnadas la mitad de las 3.601 urnas tucumanas. O sea que si en los próximos comicios queman 1.800 mesas, pero se salvan 1.801, la legitimidad de la votación estará a salvo...

Justamente, las valijas parlamentarias salieron a pasear alegremente justo antes de esos comicios no porque el poder político advirtiera que la Justicia estaba ocupada en otra cosa, sino porque tenía la convicción de que las maletas eran “cosas” de las que no se iban a ocupar. Es una diferencia sutil, acaso. Pero útil para explicar por qué, en esta primera semana del último mes del año, la condena judicial contra ex presidentes y ex ministros hizo parecer, por un instante, que la Argentina, comparada con Tucumán, definitivamente parece otro país.