La película del horror se proyecta una y otra vez. Memoria, verdad y justicia no se consiguen gratis, porque nada es más costoso que revivir las historias del sufrimiento propio y ajeno. De eso pueden dar fe quienes atestiguan en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Son narraciones desgarradoras, pero necesarias. Por ese lugar pasó la madre de Mario Bravo, el nieto número 119 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo. Mejor no describir los tormentos a los que ella fue sometida en un centro clandestino de detención tucumano. Separarla de su hijo recién nacido fue una de las tantas torturas que padeció. La mamá de Mario contó su caso de cara a los jueces. Quienes asisten a las audiencias reconocen que fue uno de los momentos más duros y conmovedores registrados en el seno del TOF.

El reencuentro de Mario con su mamá es uno de los tantos éxitos obtenidos por los organismos defensores de los derechos humanos -en este caso Abuelas-. Son colectivos que vienen bregando desde hace más de tres décadas por el cumplimiento de la ley y que las pasaron todas: la primavera alfonsinista con el juicio a las juntas; la reacción del Partido Militar traducida en el Punto Final y la Obediencia Debida; los indultos menemistas; la falsa reconciliación mantenida por el neoliberalismo delarruista; la decisión del kirchnerismo de transformar las causas en políticas de Estado. Hay una poderosa y consecuente historia de militancia en los organismos y las Abuelas son un ejemplo aplaudido en todo el mundo. Que Marcos Aguinis haya tratado a Estela de Carlotto de ser despreciable habla, básicamente, de él mismo.

La defensa de los derechos humanos excede largamente al kirchnerismo, que hizo un aporte valioso, pero no fue el único. La legislación que garantizó la impunidad dejó un resquicio -el robo de bebés- y por allí se siguió la ruta de los criminales. Con la llegada del nuevo milenio, nuevas generaciones de jueces y fiscales desenterraron las causas. Al momento de asumir la presidencia Néstor Kirchner había decenas de represores presos. Después fue el turno de la Corte Suprema de la Nación: declaró que los crímenes de lesa humanidad -aquellos cometidos desde el aparato del Estado- no prescriben penalmente.

Esta enumeración no es ociosa. Siempre conviene poner en contexto los hechos, sobre todo en tiempos como los que vivimos. Un editorial del diario “La Nación” (“No más venganza”), publicado al día siguiente de la elección que consagró a Mauricio Macri, provocó un cimbronazo. El texto, cuestionador de la validez de los juicios, fue repudiado por los propios periodistas del diario, quienes convocaron una asamblea en la Redacción. Macri, ya en su carácter de presidente electo, se apresuró a afirmar que su futuro Gobierno mantendrá la política de memoria, verdad y justicia. El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se pronunció en el mismo sentido.

Los acusados han sido juzgados con todas las garantías constitucionales, en procesos sujetos a Derecho. Dos mentiras circulan: que hay sentencias de antemano y que no se cuida la salud de los reclusos. Durante los últimos 10 años fueron condenados 622 represores y 57 fueron absueltos. A decenas de procesados se les dictó la falta de mérito. Del total de imputados, 1.065 están detenidos (49%), 753 permanecen en libertad (35%) y 59 están prófugos (3%). Además, murieron 280 imputados, 227 de ellos sin haber sido juzgados (en esa lista figuran Adel Vilas y Mario Benjamín Menéndez, ambos fallecidos sin haber respondido por su accionar en Tucumán). Estos son datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.

En este cuadro tan complejo y significativo se inscriben cuatro noticias netamente positivas para Tucumán, acumuladas en un puñado de horas:

1) El apuntado encuentro de Mario Bravo con su mamá.

2) La señalización oficial del Pozo de Vargas como un predio en el que se cometieron delitos de lesa humanidad.

3) La designación de la Escuelita de Famaillá como el primer sitio oficial de la memoria de Tucumán.

4) La confirmación de que el 5 de mayo, casi dos semanas antes del festejo del Bicentenario, comenzarán las audiencias de la megacausa Operativo Independencia, la más grande que se juzgará en Tucumán.

La vorágine informativa suele minimizar o invisibilizar esta clase de sucesos, que mejoran nuestra calidad de vida porque fortalecen las instituciones, refuerzan el compromiso con la verdad histórica y nos recuerdan que, ante todo, la humanidad es lo que nos distingue.