Existen. Trabajan. Estudian. Sienten. Sufren. Son tucumanos de carne y hueso, pero a menudo nuestra sociedad parece no darse cuenta. Los discapacitados son discriminados en muchos aspectos. Se estima que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo viven con discapacidad y afrontan muchas barreras para que se las incluya en aspectos sociales fundamentales para su vida, tales como el transporte, el empleo, la educación y la vida pública.
En el Día de Internacional de la Discapacidad que se conmemora hoy, la Organización de las Naciones Unidas propuso hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos; mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo.
De acuerdo con el Anuario Nacional sobre Discapacidad de 2011, del Servicio Nacional de Rehabilitación, en Tucumán sólo el 4,7% de las personas con discapacidad vivía sola, un 2,1% estaba institucionalizada y un 93,2% vivía acompañada (el 30%, con madre y padre). El 6,2% de los hogares donde habitaban personas con discapacidad no tenía infraestructuras básicas. El 28,8% no poseía vivienda adaptada. El 39,2% vivía en barrios con calles de tierra y el 44,2%, en un hábitat deficitario.
Pese a que hay varias leyes que los protegen, muchas de ellas no se cumplen. Los obstáculos urbanos les ocasionan serios inconvenientes. Una moto mal estacionada en la vereda, alcantarillas sin rejilla, cables sueltos, cajas de aire acondicionado, ventanas cuyas persianas invaden el camino en las aceras, transformadores, semáforos con grandes mochilas, cestos, papeleros y postes de luz suelen provocar penurias, especialmente de los no videntes. Tampoco se cumplen los cupos que por ley les corresponden para trabajar en organismos públicos y en empresas privadas. Muchos bares y restaurantes tienen los baños ubicados en la planta alta, lo cual dificulta el acceso de las personas con problemas de motricidad; tampoco se prevé que los negocios de esta naturaleza que se abren a diario, tengan baños en la planta baja.
El problema del transporte público es serio. La Ley N° 7.811, que data de 2006, establecía que las empresas de transporte público de pasajeros debían incorporar, en forma progresiva sus unidades adaptadas para el ingreso y egreso de personas con movilidad y comunicación reducida hasta 2010. A partir de ese año, el 50% de sus unidades debía estar adecuado para el uso de discapacitados. El cumplimiento de la norma aún está pendiente.
Las trabas en el ámbito de la salud suelen ser a veces dramáticas por los impedimentos burocráticos que ponen algunas obras sociales, desde conseguir cobertura en rehabilitaciones hasta conseguir audífonos, sillas de ruedas o tratamientos de largo aliento. Hay afiliados que abandonan los trámites por el desgaste constante que padecen en efectuar el reclamo. Ello pone en evidencia un aspecto deshumanizante y cruel de instituciones que paradójicamente deben ocuparse de solucionar los requerimientos de salud de sus asociados.
Sería interesante si se creara, por ejemplo, una defensoría de personas con discapacidad que se ocupara, entre otras cosas, de hacer cumplir la normativa y sus derechos. Los niños, los ancianos y los discapacitados deben ser la prioridad en las acciones de cualquier gobierno. Sería positivo que nuestros representantes así lo entendieran.