Si se ponen las manos muy cerca del fuego, seguramente se quemarán. Y si ello sucediera una vez, es posible que la persona afectada tome los recaudos necesarios para que ello no vuelva a sucederle. Algo parecido sucede cuando se desborda un río y provoca daño. La lógica indica que se analizarán las causas y se tomarán las medidas apropiadas para evitar que los pobladores sufran una nueva inundación. Sin embargo, este razonamiento, al parecer, no suele ser normal en los gobernantes tucumanos.

En marzo pasado, como consecuencia de las intensas lluvias, se produjo el desmadre del río Medinas y se llevó cultivos, animales y bienes de miles de habitantes de Ciudacita, Villa de Medinas, La Junta, Los Agudo, Villa La Trinidad y Monteagudo. Han transcurrido seis meses y más de 20.000 comprovincianos sienten temor de que la tragedia se repita debido a las escasas obras realizadas. En opinión de los pobladores, debe reconstruirse un tramo de 25 kilómetros de cauce del río, desde las proximidades de la vieja ruta 38 hasta el este de la ruta nacional 157. Restos de árboles, sedimentos, piedras que llegaron desde el cerro han obstruido el lecho. Luego de las inundaciones, el Ministerio del Interior envió máquinas para abrir el cauce, pero no se terminaron los trabajos. Se sumaron otras complicaciones. Un morador de Ciudacita le dijo a LA GACETA que alrededor de 20 cañeros no pueden sacar su producción por el desborde que hace pocos días tuvo el río. “Llovió un poco en el cerro y fue suficiente para que el agua anegara los campos. Ahí quedaron los cañaverales de pie, sin que se los pueda cosechar”, dijo.

El obispo de la Diócesis de Concepción, José María Rossi, exhortó al Gobierno provincial a efectuar los trabajos necesarios para prevenir el desmadre de los ríos, y solicitó que se investigara si la tala indiscriminada -entre otras acciones que involucrarían a funcionarios y particulares- podría incrementar los riesgos. Por su parte, el secretario provincial de Obras Públicas dijo que se han autorizado obras por $44 millones que financiará el Gobierno nacional.

En 1993, ya se sabía cuáles obras debían efectuarse para lograr el aprovechamiento integral de los recursos hídricos y el control de inundaciones en la cuenca superior del río Salí. El plan surgió de un seminario, organizado por la Legislatura provincial; se basó en un estudio realizado por Agua y Energía Eléctrica en 1991. Se advirtió entonces que era necesario dotar a la provincia de una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas; actualizar la base cartográfica; realizar un inventario de forestación; suspender la explotación ganadera en la zona de alto riesgo, regular la explotación de yacimientos y canteras, recuperar la central hidroeléctrica de Lules, entre otras acciones. Sin embargo, nada se hizo y las inundaciones prosiguieron año a año, aunque con menor intensidad. En enero de 2000, La Madrid volvió a quedar bajo las aguas; hubo entonces 15.000 damnificados y 8.500 personas debieron abandonar sus casas. Por la crecida del río Salí el puente Lucas Córdoba debió clausurarse el 14 de marzo de ese año y su reconstrucción llevó casi dos años. En septiembre de 2000, el Gobierno anunció que para evitar las inundaciones se harían 64 obras, con una inversión de $7 millones. El 10 de enero de 2005, el secretario de Obras Públicas advirtió que Tucumán necesitaba $2.000 millones para impedir el desborde de ríos y las inundaciones. En el verano de 2007, Tucumán padeció uno de los peores meteoros de las últimas décadas.

Han transcurrido 22 años y las inundaciones siguen causando la desdicha de miles de tucumanos. El Estado permite, ya sea por ausencia, por negligencia o por intereses creados, la tala indiscriminada. Esta realidad refleja no sólo la incompetencia para resolver problemas estructurales de la provincia, sino también la insensibilidad social.