Las sospechas de la oposición de un presunto fraude en los comicios provinciales de hace una semana quedaron reflejadas en una serie de denuncias que elevaron ante la Junta Electoral Provincial (JEP) y el fuero penal de la Justicia tucumana.

Entrega de bolsones y traslado de ciudadanos, entre otras maniobras clientelistas. Compra de voluntades. Designación de oficialistas como presidentes de mesa y en cargos estratégicos del órgano electoral y de otras reparticiones vinculadas a la votación. Los apoderados del Acuerdo para el Bicentenario, Daniel Ponce (por el canismo) y Álvaro Contreras (por el amayismo) sostienen que las anomalías fueron una constante la semana pasada. “Se ha solicitado a la Junta la entrega de los protocolos referidos al traslado de urnas y a la cadena de custodia a cargo de Gendarmería Nacional. Junto a esto se han requerido las filmaciones de las cámaras de seguridad de los playones de la sede de la JEP de calle Mendoza 1.050, correspondientes al envío y recepción de urnas. Hasta el momento ni ha habido una respuesta”, señaló Ponce. Los letrados del ApB pidieron además el conteo “voto por voto” de todas las urnas. “Las medidas preventivas y de seguridad solicitadas por el ApB y posteriormente dispuestas por la Junta evidentemente han sino insuficientes para evitar las más desvergonzadas maniobras clientelares”, indicaron.

Los dirigentes radicales Jorge Mendía y José Ascárate, también partidarios del ApB, afirmaron que existen relaciones de parentesco y de afinidad entre varios candidatos del oficialista Frente para la Victoria y algunos empleados del Correo Argentino, firma que se encargó de la logística de los comicios y del escrutinio provisorio.

Los radicales recordaron además que el 10 de junio la Junta Electoral contrató al Correo Argentino “por un monto de $ 28,1 millones, contra los $ 10 millones que se habían desembolsado en 2011 por servicios varios para comicios”. Según indicaron, existían “varias empresas que habían realizado ofertas desde $ 13 millones por idénticos servicios. En la semana previa a los comicios se amplió la contratación con un servicio de escaneo (intermedio) en ciudades del interior provincial. Esto dio lugar a la manipulación de los telegramas”, indicaron desde la alianza opositora.

Anulación

Requieren a la Junta que ordende una nueva elección, por posibles anomalías

Los representantes del opositor Acuerdo para el Bicentenario solicitaron a la Junta Electoral la nulidad  de los comicios de la semana pasada; antes, habían pedido que se abrieran todas las urnas de las 3.600 mesas habilitadas para votar. “La JEP no puede desconocer el absoluto carácter irregular en que se ha desarrollado la elección, que ha puesto a nuestra provincia en la vidriera del país y el mundo, siendo inocultable el reclamo de la ciudadanía frente al fraude”, dijeron en un escrito Daniel Ponce y Álvaro Contreras. Agregaron que el órgano electoral no puede desconocer “la actividad clientelar y prebendaria desplegada durante el acto comicial, no pueden desconocerse los tiroteos de sedes partidarias, los incontables vehículos (taxis, particulares y motos) afectados al traslado de votantes y el reparto de bolsones”. Por otra parte, criticaron que Antonio Gandur, titular de la Junta, defendiera la transparencia de los comicios. “Podemos explicar que el Gobernador y sus colaboradores pretenda sostener la regularidad del acto, pero no podemos explicar cómo los miembros de las JEP pueden tener por inadvertidos los gravísimos incidentes”, dijeron.

Represión

Realizan una denuncia penal por la reacción policial del lunes pasado

La violenta represión policial del lunes pasado, en la multitudinaria marcha en la plaza Independencia, dejó una veintena de heridos (entre ellos, dos niños), y generó que la fiscal de Instrucción María de las Mercedes Carrizo imputara y pidiera la detención -luego denegada- del jefe de Policía, Dante Bustamante. Entre las demandas que fueron radicadas en el fuero penal está la del dirigente Juan Carlos Sánchez, quien acusa a Bustamante con la representación del radical Juan Andrés Robles. “Los policías disparaban desde corta distancia a los manifestantes, de la mitad del cuerpo para arriba de las personas, sin seguir los protocolos para disturbios que ordenan disparar hacia el piso para que las postas de goma reboten antes de impactar en el cuerpo del individuo”, declaró Sánchez en la fiscalía de Instrucción, en carácter de víctima. Según afirmó, sufrió una lesión en la mano debido a uno de los proyectiles. El radical Robles pidió medidas judiciales en Infantería, Caballería y del D2. Según dijo, en la plaza Independencia se vio también a personal policial de civil actuando en contra de los manifestantes. Robles agregó que hay más causas de otras víctimas en la fiscalía.

Cifras

Opositores hablan de anomalías en el escrutinio provisorio

Nicolás Soria, apoderado del partido Ciudadanos Contra la Corrupción (Esteban Jerez), realizó un planteo ante la Junta Electoral tras la votación del domingo pasado en la que cuestionaba el trámite del escrutinio provisorio llevado adelante por el Correo Argentino. Si bien ese proceso carece de validez jurídica, según consignó la Junta Electoral, es útil para los candidatos para conocer en qué lugar estimativo quedaron tras los comicios. Como el conteo se detuvo cuando iban por el 70% de las boletas, esas cifras aún no sirven más que como parámetro. Según el abogado Sánchez, no había “garantías de imparcialidad en la forma de llevar adelante” ese trámite preliminar. Agregó que había “graves anomalías en los telegramas”. “El telegrama como documento electoral es relativo. Basarse en ellos lleva a consolidar una tendencia que, en los hechos, es falsa y tendenciosa”, redactó el apoderado del partido Ciudadanos Contra la Corrupción. En otro párrafo, le pidió a la Junta Electoral que “debe dar muestras de respeto por el electorado que se ha manifestado en las urnas”. E instó al órgano electoral a comunicar a través de los medios las anomalías denunciadas.

Queja

Aseguran que hubo fiscales comprados y planillas adulteradas

El candidato a gobernador de Unión y Progreso Social, Mario Koltan, solicitó la celebración de una nueva elección, y fundamentó su pedido ante la Junta Electoral Provincial en que hubo autoridades de mesa que fueron “comprados” y se modificaron datos en las actas de escrutinio. “Sufrimos robos de votos, apriete a compañeros, balearon dos autos de nuestro equipo en el circuito 12, hubo soborno a fiscales y planillas adulteradas para quedarse con nuestros votos”, detalló. “UPS exige la apertura de todas las urnas”, agregó Koltan. Alternativa Popular es otra de las fuerzas que compitió el domingo, y que reclamó a la Junta Electoral Provincial la nulidad de los comicios. “Nos robaron nuestros cargos a concejales y legisladores. Lo fraudulento es todo el sistema electoral de acoples, que llevó a los 500 acoples y los 25.000 candidatos, con los que se beneficiaron (Juan) Manzur y (José) Cano polarizando la elección y distorsionando toda la voluntad popular”, afirmó Clarisa Alberstein, postulante a concejal por la Capital. “En todos los cargos hubo fraude. La única solución para que se exprese la voluntad popular es que se anule todo el proceso electoral”, agregó la opositora.