BUENOS AIRES.- El Foro de Convergencia Empresarial, que integran 72 entidades del sector privado, reclamó ayer que los candidatos a cargos ejecutivos, que competirán de las elecciones de octubre, están “obligados a informar sus programas de gobierno”, en materia de pobreza, de educación de seguridad, de narcotráfico y de economía.
En un documento titulado “El pueblo quiere saber de qué se trata”, los empresarios pidieron que se utilice la boleta única o electrónica para asegurar la transparencia del proceso de votación y de recuento. En la declaración conjunta, remarcaron, además, que el actual sistema de elecciones genera “indeseables sospechas de fraude”.
Por otro lado, las cámaras empresarias señalaron que “así como es clave votar, también resulta esencial defender el derecho de los ciudadanos a conocer en detalle las propuestas de los partidos”. “Todos los candidatos a cargos ejecutivos, incluyendo los gobernadores, están obligados a informar sus programas de gobierno y debatirlos públicamente”, insistieron.
La relevancia del documento está dada por las entidades que se adhirieron, ya que representan a diversos sectores de la economía. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Directorios Asociados (Adiras), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), la Cámara de Comercio Argentino-Británica (CCAB), la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (Cecra), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Fundación Mediterránea, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), fueron algunos de los organismo firmante.
El Foro de Convergencia consideró que “es prioritario que se debata sobre el Estado del futuro; sobre la calidad de la educación; sobre la inclusión laboral; sobre la reversión de la pobreza y también sobre el futuro de la economía. “La Argentina debe alcanzar esta meta de calidad institucional y democrática para atraer por U$S 300.000 millones y generar más de 3 millones de nuevos puestos de empleo genuino”, concluyó el documento. (DYN)