El próximo domingo los tucumanos están convocados a participar de uno de los principales actos cívicos que emanan del sistema democrático y que la Constitución Provincial reglamenta: la elección de las principales autoridades institucionales de Tucumán: gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales, delegados comunales. Por disposición de la Constitución de 2006 que habilitó la reelección consecutiva para el gobernador, el actual mandatario, José Alperovich, está impedido legalmente de buscar un nuevo mandato.
Será la octava vez, desde el advenimiento del presente período democrático instalado en la Argentina en 1983, que los tucumanos son llamados a las urnas para elegir gobernador. Pero estos comicios llegan envueltos de sus particularidades y de toda una novedad institucional en relación a las anteriores elecciones inmediatas: se elegirá a un nuevo mandatario provincial para ejercer el cargo para el próximo período de cuatro años.
Ese cambio será una de las originalidades objetivas que tendrán por delante los electores a la hora de sufragar, en razón de que en la Casa de Gobierno se instalará una personalidad política distinta a la que viene dirigiendo los destinos de la provincia.
Una larga, tumultuosa y hasta desproporcionada campaña electoral, que finalizará legalmente el viernes a las ocho de la mañana, ha buscado sensibilizar, preparar y entusiasmar a los votantes de nuestra provincia para ejercer el derecho político y constitucional a sufragar el 23 de agosto. Están habilitados para sufragar 1.166.000 ciudadanos, cifra que representa 147.734 comprovincianos más en condiciones de votar que en la elección de 2011. Pero estos datos adquieren mayor relevancia y singularidad al conocerse que serán unos 30.000 tucumanos -cifra que equivale a casi un 3 % del padrón electoral- los que se postulan para acceder a un cargo (además de gobernador se elegirán 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 delegados comunales). Es que la Junta Electoral Provincial ha validado la inscripción de nada menos que 1043 partidos políticos, en su mayoría agrupaciones municipales, aun cuando “solo” más de 500 fueron habilitados. En 2007 habían competido 106 fuerzas, en 2011 fueron anotados 183.
Y aunque esa referencia podría constituirse en otra de las particularidades de la contienda política comarcana, bien se conoce que nuestra provincia cuenta con esa cantidad extraordinaria y prácticamente descomunal de fuerzas políticas como consecuencia de la “ley de acople”, vigente desde que se reformó la Constitución provincial, en 2006, y que dejó sin efecto la no menos famosa Ley de Lemas. Fue esa norma que permitía que cada partido político o alianza (lema) presente a la vez varios candidatos provenientes de distintas corrientes internas (sublemas). A través de distintos artículos, editoriales y columnistas, LA GACETA ha venido manifestándose acerca de la dificultad y el trastorno y que enfrentarán los votantes cuando ingresen al cuarto oscuro con la intención de encontrar la boleta que quieran elegir -precisamente- ante ese verdadero mar de votos que tendrán ante si. ¿Una debilidad del sistema democrático tucumano? ¿Un problema estructural que el Estado, mejor dicho que el Gobierno provincial, ha buscado mantener para obtener algún tipo de beneficio político?
Se trata de una asignatura vinculada -claramente- a la aptitud de la cultura política vigente, un tema estratégico para nuestra vida en sociedad que los principales líderes han evitado debatir y resolver de cara a los electores. Aunque ahora lo más importante será cumplir con el sagrado derecho a elegir a los gobernantes, no debiera ser un descubrimiento poder hacerlo en mejores condiciones de calidad democrática, y en base a una nobleza, responsabilidad y compromiso basado en el estricto respeto a los derecho y garantías universales.