Mantener a los presos en las comisarías genera graves violaciones a los derechos de los reclusos, aseguró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Lo hizo al solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que lo acepte como amicus curiae (amigos del tribunal) en el hábeas corpus que presentaron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni. En esa presentación, pidieron que los presos sean sacados de las comisarías y trasladados a dependencias del servicio penitenciario.

La presentación de la reconocida organización de Derechos Humanos se realizó ayer a la mañana, y se sumó a la que el viernes presentó la ONG tucumana Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

El CELS citó varios fallos de la Corte de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última organización internacional, en un informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en Argentina, había mencionado varias razones por las que no se podía permitir que los detenidos sean alojados en dependencias policiales.

Tres razones

En primer lugar, la CIDH había considerado que las comisarías no están diseñadas para el alojamiento de personas por tiempos prolongados y por lo tanto carecen de los servicios básicos para este fin. Además, “no permite la clasificación de los internos en categorías, lo que acarrea graves consecuencias en términos de seguridad y tratamiento”. Por último, se consigna que el personal policial no está capacitado para la custodia directa de reclusos, y esa tampoco es su función natural.

El hábeas corpus había sido presentado por los fiscales el 28 de junio, luego de la muerte durante un motín de dos presos que estaban alojados en el calabozo de la Brigada de Investigaciones Norte.

Luego de la presentación de López Ávila y Giannoni, el Gobierno provincial informó que en las comisarías había unos 600 detenidos por causas penales, y en una audiencia realizada a puertas cerradas el 14 de julio se comprometió a ampliar la capacidad del penal de Villa Urquiza. Los cinco miembros de la Corte llevan un mes estudiando el hábeas corpus.

El vocal Antonio Estofán había adelantado que, si bien no pueden dar una respuesta inmediata, buscarán una solución integral al problema de la superpoblación carcelaria.

Urgente

El CELS solicitó al máximo tribunal tucumano que tenga en cuenta los argumentos esbozados en su presentación, al momento de resolver. Además, le pidió que la decisión sea tomada de forma urgente, “disponiendo el inmediato cese de las violaciones constatadas”, según el escrito que lleva la firma de la directora del Área Justicia de la ONG, Paula Litvachky, y de los abogados Mariano Lanziano y María Eva Asprella.

Al mencionar otro párrafo del informe de la CIDH, el CELS acentuó el hecho de que las comisarías deberían ser lugares de alojamientos transitorios, “sólo hasta que una autoridad judicial determine la situación de la persona arrestada”.

La ONG había sido pionera en la presentación de un hábeas corpus ante la Corte Suprema de la Nación, por las situaciones de hacinamiento de los presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires. El tribunal nacional había resuelto favorablemente en 2005, y había dispuesto que los jueces controlen que los detenidos no estén en dependencias policiales.

“Una prisión es un establecimiento en el que hay un fino equilibrio entre presos y personal, y la superpoblación provoca descontrol y violencia llevando ese equilibrio siempre precario al límite de la fragilidad. A ellos cabría agregar que el personal policial, por su entrenamiento, no está preparado para cumplir esta función que no es la específica de su tarea social”, había sostenido la Corte de la Nación en el fallo conocido como “Verbitsky”.

Cronograma oficial

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, anunció el mes pasado que, en 100 días, 200 presos iban a ser trasladados a Villa Urquiza.

Fuentes oficiales consultadas por LA GACETA dijeron que se está cumpliendo con ese cronograma y que, hasta ayer, ya habían sido enviados 150 reclusos al penal. Esta semana, según se explicó, se terminarán las remodelaciones que se vienen realizando en un sector de la cárcel para alojar a los 50 detenidos que faltan para completar con esta primera etapa. Ese último traslado se concretaría hasta mediados de este mes. Además se informó que continúan los trabajos previos para la construcción de la alcaldía, que fue adjudicada a la empresa Tensolite.