Un episodio ruidoso y conocido en la historia política de Tucumán, es la irrupción de policías a caballo (23 de mayo de 1934) en el interior de la Legislatura y el desalojo violento de los diputados, en el momento en que votaban el juicio político al gobernador Juan Luis Nougués.
El hecho –además de suscitar la intervención federal- dio lugar a un proceso contra el capitán del Escuadrón de Seguridad, César Augusto Sosa, quien comandó la arremetida. El 20 de noviembre de 1935, el juez del Crimen, doctor Arturo Mendilaharzu, falló condenando a Sosa a un año de prisión, con inhabilitación especial por dos años y costas a su cargo.
El defensor invocó la “obediencia debida”: Sosa argüía haber recibido orden del jefe de Policía de penetrar en el recinto y desalojar, y la cumplió como integrante de un cuerpo regido por la disciplina militar. El juez consideraba que, aunque se probara aquella orden del jefe, “el hecho ordenado presentaba todos los caracteres de un delito, por lo cual el deber del inferior es de no acatarlo, bajo pena de devenir cómplice”. Además, nada tenía que hacer el Escuadrón, dependiente del Poder Ejecutivo, en la sala de sesiones, porque “el único que puede ejercer autoridad policial dentro de la Legislatura, es la Cámara misma”.
Sobre la obediencia debida al superior, el juez citaba al tratadista Canónico, y expresaba que “pretender que el inferior está eximido de responsabilidad cuando comete una evidente injusticia, sólo porque el superior lo manda, importa deprimir la dignidad humana y conculcar los fundamentos de la moral”. Afirmaba que la disciplina “es legítima, cuando sirve a lo justo, a lo bueno; puesta al servicio de una orden criminosa, no hace sino organizar el delito”.