Tan sólo un mes separa la realidad kirchnerista de la de la Iglesia. Pero es tan diferente lo que pinta uno y otro que el dato de pobreza estalla por los aires argentinos. Hace un mes, durante la 39a conferencia de la FAO, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, había dicho: “hoy el índice de pobreza se ubica por debajo del 5%, y el índice de indigencia en 1,27%, lo que ha convertido a la Argentina en uno de los países más igualitarios”. Ayer, el Observatorio de la Deuda Social que pertenece a la Universidad Católica Argentina (UCA) ha mostrado que el dato es mucho mayor: el 28,7% de la población argentina es pobre porque no logra reunir los casi $ 5.700 mensuales que una familia tipo requiere para comer y pagarse algunos servicios esenciales. Más aún, la indigencia -según la entidad que toma en cuenta la Iglesia a la hora de expresar sus posturas sobre las estadísticas socioeconómicas del país- alcanza al 4,7% de los habitantes.
La realidad, basada en estos indicadores de la UCA, muestran que hay 11,5 millones de personas que no le pueden escapar a la pobreza.
“Hay que mirar de frente la realidad y los desafíos que presenta”, dijo monseñor Alfredo Zecca, durante la homilía en el Tedeum del 9 de julio. Y lo pronunció de frente a las autoridades encargadas de tomar decisiones trascendentales para el conjunto. Más bien, fue un llamado a mejorar la situación socioeconómica y a no ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, más allá de lo que traten de mostrar las cuestionadas estadísticas oficiales. El arzobispo de Tucumán no se calló nada. Dijo ante los ojos de los funcionarios del área educativa, por caso, que no se quedará callado frente a las amenazas de avanzar sobre la enseñanza religiosa en los colegios tucumanos. Particularmente, con la idea de sostener un sistema denominado caja curricular cerrada, en el que aparecen materias predeterminadas -para el caso de los adolescentes que concurren a colegios religiosos- y que pone en peligro la fuente laboral de los docentes a cargo de asignaturas tales como Religión, Informática y Tutoría. No son cualquier materia; en ella se conjugan principios, adaptación a los cambios tecnológicos y orientación educativa. Nada más, nada menos.
Los padres de los alumnos que concurren a esos establecimientos ya han pegado el grito en el cielo frente a los avances oficiales. El Gobierno -al menos- debería haber abierto un espacio de consulta para que esos padres opinen si es que están de acuerdo o no con la eliminación o supresión de aquellas asignaturas. Si una familia decide mandar a sus hijos a un colegio religioso es porque tiene convicciones de esa naturaleza y que creen que deben educarse desde ese tipo de concepción. De otro modo, se estarían avasallando derechos amparados por la Constitución.
El nuevo sistema educativo que se promueve con la caja curricular cerrada (nombre con ciertos rasgos esotéricos) también establece una mayor carga horaria para los alumnos, con la incorporación de nuevos espacios (salud, política y trabajo). De un lado, puede significar que una franja de adolescentes y de jóvenes tenga que cambiar sus hábitos que, en muchos casos, implicaría dejar carreras paralelas (música, gimnasia, idiomas, arte, etcétera) que suelen ser ámbitos para el desarrollo de habilidades y destrezas o para la recreación o el hobby de los educandos. Aún así, pueden aparecer problemas colaterales que ni el propio Gobierno sabe cómo resolver, como la seguridad de los chicos a la salida del “cole”. ¿Se imaginan a un menor salir de un establecimiento a las 20 o a las 21 sin garantías de que haya policías que resguarden su integridad? Algo más doméstico: ¿cómo harán los padres que tienen varios hijos en la misma escuela, pero en distintos niveles educativos, para que retornen a sus hogares? Y otra: ¿acaso eso no atenta contra la unión familiar, sin pensar en los costos adicionales de transporte para la economía del hogar?
Hay varios argumentos que sostiene la Iglesia para pensar que no habría que introducir reformas educativas (mucho menos a 107 días de que la actual gestión deje el poder) que atenten contra principios constitucionales. “Las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como agente natural y primario de la educación; del Estado Provincial, como responsable principal... y de las confesiones religiosas reconocidas oficialmente”, según la Ley Provincial de Educación. Esa misma norma también resguarda “el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos, según sus propias convicciones, y a que se incluya dentro de los horarios de clase la enseñanza del credo en el que se los educa en los hogares”. Además, hay acuerdos marco en el ámbito de la enseñanza pública de gestión privada que garantizan el ejercicio real del derecho de enseñar a los institutos, reconociéndoles su diversidad y la necesaria autonomía de toda la comunidad educativa. Todo esto, en función del ideario educativo institucional propio, que ha perdurado durante décadas y que ha sido y sigue siendo el sello distintivo de generaciones de alumnos.
En la comunidad educativa religiosa (desde autoridades hasta padres de alumnos) hay mar de fondo. Y de ello ha dado cuenta monseñor Zecca en su homilía (puso nervioso a más de un funcionario, incluido el propio gobernador José Alperovich que, a la salida de la Catedral, trató de disimular), que además ha reclamado mayor participación en las decisiones de políticas públicas. El gran interrogante que se abre es si estas decisiones oficiales implicarían la pérdida de los aportes estatales para ciertos establecimientos educativos. Y lo que es peor, una mayor carga horaria implicará, consecuentemente, un incremento adicional en las cuotas de los colegios de enseñanza privada.
Los datos de la UCA no sólo desnudan una realidad que siempre se intentó ocultar debajo de alguna alfombra roja, sino también la profundidad de un flagelo social. Es cuestión de dejar de estar anestesiados, como decía monseñor Zecca, porque -de otra manera- seguiremos siendo religiosamente pobres.