Es una de las tantas historias sin fin que tienen lugar en Tucumán. Con frecuencia reaparecen, poniendo en evidencia la precariedad de un sistema o la ineficiencia de quienes deben ocuparse de que este funcione correctamente. Los taxis forman parte del paisaje urbano. Es un servicio que arrastra conflictos, por lo menos, desde mediados de los años ‘90, pese a que en 2006, comenzó a ocuparse de este el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa).

Hace unos días, el Sindicato de Peones de Taxis reclamó ante la autoridad que se les exija a los adquirentes de licencias el blanqueo laboral de los choferes. Por otro lado, propietarios de taxis, que integran la Asociación de Conductores de Taxis de Tucumán (Acott), pidieron un mayor control hacia los vehículos ilegales que prestan el servicio al margen del Sutrappa. “Estamos muy mal. Nosotros entendemos que por la situación económica actual no se puede pedir un incremento de tarifas, pero pedimos que se realicen controles efectivos para erradicar la ilegalidad que se lleva el 20% de nuestra recaudación”, dijo titular de la Acott.

En nuestra sección Cartas, un lector planteó varias irregularidades. Señaló que el artículo 46 de la ordenanza N° 3713 prohíbe conducir un taxi sin estar habilitado. “Sin embargo, a todos los choferes les cobraron por la credencial identificatoria obligatoria que exigen los art. 50 y 51, pero sospechosamente, nunca se las entregaron, motivo por el que trabajan sin la documentación legal que exige el art. 72 inc. e) y el art 82 inc. a) para no ser sancionado”. El lector Roberto N. Córdoba agregó que habiendo una base de datos en el Sutrappa, acorde con el art. 53, y otra provincial por ley 7.770, de choferes contratados por los titulares de licencias de taxis, “tampoco se les exige a los titulares de licencias la contratación de la ART (seguro laboral) para los choferes, exigido por el art. 38 inc. b), desamparando al empleado por cualquier accidente o enfermedad, mientras trabaja en el taxi, por eso nunca se labran actas de infracción, según el art. 72 inc. b), y mucho menos se sanciona a los infractores del art. 82”.

El hecho de que los choferes carezcan de la cobertura de aseguradoras de riesgos del trabajo los expone a un peligro permanente. Pero también los peones se hallan desamparados porque carecen de obra social, así como tampoco se les efectúa aportes jubilatorios.

Por otro lado, si conducen sin la credencial identificatoria obligatoria -como denuncia el lector- es grave porque significa que están circulando en forma ilegal. También genera inseguridad en el usuario que sube a un taxi sin saber si el chofer está habilitado para manejar un auto de alquiler.

Esta precariedad atenta contra un servicio que sigue siendo ineficiente e inseguro. El estado de muchos vehículos es lamentable. Por ejemplo, se ha planteado en varias oportunidades, la necesidad de que todos tengan aire acondicionado, un requisito que debería ser obligatorio, teniendo en cuenta el agobiante calor que padecemos los tucumanos en verano. Debería tener en cuenta la higiene de los vehículos y que sus conductores estén vestidos adecuadamente.

Han transcurrido ocho años desde la creación del Sutrappa, sin embargo, el organismo municipal, jaqueado en varias oportunidades por denuncias de corrupción, no ha logrado que el servicio sea eficiente y confiable. Por ejemplo, nada se sabe en qué quedaron denuncias de presuntos delitos que una concejala de la UCR presentó en 2012, que motivaron una auditoría interna. Sería positivo que la próxima administración lograra finalmente normalizar este servicio de gran utilidad para la ciudadanía, poniendo además a sus trabajadores en blanco.