“No escapa a ningún habitante de esta provincia, por ser público y notorio, los sucesivos conflictos que vienen manteniendo los integrantes de las comunidades indígenas de nuestra región, en particular las relacionadas con la personería jurídica de estas, la titularidad de las tierras que aquellos ocupan, entre otros”, reconoció el juez Mario Velázquez en la resolución en la que le dictó la prisión preventiva al cacique de la Comunidad India Quilmes (CIQ), Francisco Chaile, y a otras 12 personas.

El juez penal buscó diferenciar el reclamo de las tierras de las Ruinas de Quilmes y la titularidad del cacicazgo (Juan Santiago Santos alega ser el cacique, en lugar de Chaile), con el hecho concreto por el que se dictó la prisión preventiva. Como ejemplo citó en la resolución que Chaile habría actuado junto a personas ajenas a la comunidad indígena.

“Si bien la Convención y Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido reiteradamente que razones históricas y principios morales y humanitarios imponen que los pueblos indígenas y sus miembros precisan ciertas medidas especiales de protección para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos... lo cierto es que tan loables fines no pueden ser usados con el fin de sustraerse de las reglas y deberes que deben observar como miembros de la sociedad de la cual también forman parte, y en la que está interesado el orden público”, argumentó.

En este sentido, el juez agregó que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley, y que no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento, ni fueros personales ni títulos de nobleza.

Los abogados de Chaile, por su parte, sostuvieron en su pedido de libertad que no hay pruebas en contra del cacique, y que todo se trató de una operación orquestada por Santos y por otras personas que tendrían interés en la explotación turística del predio.

En un comunicado de prensa, la organización Andhes (Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) relató que el conflicto por las tierras data de hace más de una década y que Santos usurpó el predio en dos oportunidades.

Del lado de Santos, en tanto, aseguran que Chaile fue expulsado de la comunidad y que no existe una interna entre miembros de la organización.

El estado de salud de Francisco Chaile motivó que la organización Andhes y la Comunidad India Quilmes presentaran un hábeas corpus requiriendo la libertad del cacique. “Las condiciones actuales de detención afectan gravemente su estado de salud y ponen en riesgo cierto su vida”, advirtieron las organizaciones.

Sin embargo, en la resolución en la que el juez Velázquez ordenó la prisión preventiva de Chaile, acusado de robo agravado y amenazas de muerte, se cita que en el informe médico forense el imputado “se presenta lúcido, tranquilo, orientado globalmente, colabora con la anamnesis... deambula por sus propios medios, hemodinámicamente estable, con buena suficiencia respiratoria. Aparenta buena salud. Refiere no encontrarse bajo tratamiento médico. No presenta criterio de internación”. Ante esto, el magistrado había descartado lo sostenido por la organización no gubernamental (ONG).

Andhes asesora a las comunidades indígenas desde hace muchos años, y sostiene que el dictado de la prisión preventiva viola los derechos a la salud como a la libertad personal de Chaile, y que la medida fue dictada sin fundamentos razonables.

Además del hábeas corpus, la ONG apeló el dictado de la prisión preventiva de Chaile, lo que debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo penal de Instrucción.

“El dictado de prisión preventiva, a los fines de no violar derechos humanos, sólo puede dictarse ante riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso judicial, circunstancias que de ninguna manera fueron acreditadas por el juez, ni surgen de los hechos del caso”, afirmó Andhes.

El miércoles las comunidades marcharon por el microcentro tucumano, y un grupo fue recibido por el secretario de Gobierno de la provincia, Marcelo Caponio. “El compromiso institucionalmente es conocer cuál es la situación de la causa y ponernos a disposición en cuanto corresponda para ayudar a las partes; pero no podemos interferir en las cuestiones judiciales por cuanto hay órdenes de sentencia del Poder Judicial, de los jueces jurisdiccionales. Así que podemos ponernos a disposición de las partes; nos comprometemos a intermediar”, manifestó el funcionario al término de la reunión.

Delfín Gerónimo, secretario General de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), manifestó que, además de pedir por la liberación de Chaile, acudieron a las autoridades para resolver un problema de vieja data: el manejo de la Ciudad Sagrada de Quilmes.