La causa que concentraba la seguidilla de denuncias contra los fiscales Guillermo Herrera, Alejandro Noguera y Arnoldo Suasnábar, y contra el juez Juan Francisco Pisa “dio a luz” múltiples procesos por disposición de Diego López Ávila, fiscal N°4. Previamente, ese funcionario constitucional había sido autorizado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción a “ordenar” la maraña de acusaciones. El 5 de junio, López Ávila invocó razones de orden procesal y practicidad, y procedió a formar una causa alrededor de los magistrados cuestionados en conexión con las causas “Jorrat” y “Hernando”: Herrera, Noguera, Suasnábar y Pisa. Ese expediente incluye las denuncias de la Unidad de Información Financiera; de los letrados Alfredo Falú y Carlos Garmendia, y del Colegio de Abogados de la Capital.
Al menos nueve causas más
Asimismo, López Ávila investigará por separado los posibles delitos cometidos durante el trámite de las causas “Valdez”, “Teves-Albarracín” y “Rigourd”. Todas esas causas radicadas en la Fiscalía de Guillermo Herrera habían sido objetadas por el Colegio de Abogados de la Capital. A posteriori, el imputado y letrado Julio Gerardo Valdez se presentó en la Fiscalía N°4 y articuló una denuncia autónoma. Sobre el fiscal N°10 además pesan las denuncias articuladas por Ángel Victoriano Pérez (ver “La Corte amplía el sumario de Herrera”), Walter Fabián Delgado, Gustavo Cueto y José Rolando Carbajal. A estas siete causas todavía hay que añadir la pesquisa derivada de la presentación de Jesús Alberto Cazzuchelli contra Herrera y el juez correccional Marcelo Mendilaharzu. El listado no se agosta ahí puesto que en la Fiscalía N°4 también existe una denuncia contra Pisa incoada por Juan Domingo Correa.
AUDITORÍA SOLICITADA Y OTRAS MEDIDAS
Fuentes judiciales precisaron que López Ávila se apresta a estudiar los expedientes asociados a las distintas denuncias. En el mismo decreto del 5 de junio, el fiscal N°4 pidió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que le remita la auditoría practicada sobre las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”. La fiscalización de Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto reveló abundantes anomalías en el trámite de esas actuaciones cuestionadas de Herrera. En “Teves”, por ejemplo, observaron una inusitada celeridad por parte del fiscal para atender los pedidos de los abogados de la denunciante, Edmundo Jiménez (h) y Ana Lucía Jiménez. En “Rigourd”, los auditores advirtieron que Herrera entregó el dinero hallado en cajas de seguridad sin seguir un criterio uniforme ni tomar los recaudos del caso. En “Jorrat”, dijeron que el interés investigativo del fiscal N°10 cesó luego de que el denunciante Gustavo Carrasco y el imputado Rubén “La Chancha” Ale conviniesen, mientras el segundo estaba preso, la entrega de un fundo disputado y una indemnización de $ 300.000. En el análisis del caso “Valdez”, los auditores dijeron que no había habido pesquisa alguna.