Elecciones 2015: hablan los aspirantes al Poder Ejecutivo

La tema de la vivienda es una de las grandes cuestiones pendientes, como resultado de lo cual han florecido los asentamientos. Bajo el Gobierno actual prevaleció la especulación inmobiliaria. Un Gobierno que responda al interés popular debe tener como prioridad un plan de viviendas sociales, con cuotas que no pueden superar el 10% del ingreso familiar. Ese plan debe apoyarse en un censo y en la reserva del 50% del suelo urbano para ese destino. Los nuevos barrios -y también los ya construidos que carecen de ello- deben realizarse con un plan de urbanización, que supone agua, cloacas, alumbrado, pavimento, medio de transporte y seguridad. La planificación y el control de construcción deben apoyarse en los especialistas vinculados a las causas populares y en los propios trabajadores. El financiamiento se debe establecer sobre la base de impuestos progresivos a los grandes intereses vinculados con el negocio inmobiliario, y a los grandes capitales.

La falta de vivienda es una dolorosa realidad, por eso estamos trabajando en un plan urbanístico integral que contemple el crecimiento de las distintas poblaciones en materia residencial y una clara política de “uso de suelos” para garantizar el desarrollo urbano planificado y sustentable en el tiempo. La familia, como comunidad de amor y unidad social y económica, debe participar en esta tarea para alcanzar su desarrollo y bienestar. Desde el Estado se brindarán los medios, y ya sabemos que, cuando se unen los esfuerzos, los resultados son asombrosos. 

Recorreremos todas las vías posibles en esta materia: líneas de créditos hipotecarios para quienes puedan acceder a ellos, la construcción de complejos habitacionales a través de cooperativas, 0rganizaciones no gubernamentales, gremios, etcétera. De modo de cumplir con los preceptos constitucionales de: acceso a la vivienda digna y a la propiedad privada, consecuente con ello, mi sueño para mis comprovincianos es: una familia, una casa.

Para alcanzar el sueño de la primera casa propia, desde el PRO venimos organizando un programa de créditos hipotecarios que alcance un grupo poblacional asalariado de entre 18 y 50 años. El beneficio sería para la compra de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, donde el financiamiento sea hasta el 85%, en un plazo de entre 15 a 20 años y a una mínima tasa de interés. Estimo que el 30% de los fondos para créditos, deben ser destinados a viviendas. Para saldar la deuda pendiente en la población que vive en precariedad, usaremos los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) administrados en forma eficiente para personas que carecen de ingresos o trabajos estables, organizando Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) o cooperativas de construcción dirigidas por profesionales que enseñen el oficio, con salida laboral y puedan construir ellos mismos su vivienda. De esta manera, saldaremos un tema pendiente que genera un perjuicio creciente en materia habitacional.

Hay dos clases de tucumanos necesitados de vivienda: los que no pueden acceder a un crédito y los que sí pueden, pero no encuentran uno conveniente. Para los primeros hace falta la transparencia en el manejo de los fondos públicos, porque con una parte de la recaudación del Impuesto Inmobiliario y con todo lo que recauda el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) -en cuotas de barrios construidos por el Estado- alcanza para darle vivienda digna a cada tucumano de escasos recursos. Si eso no ocurre se debe a que a la plata de los impuestos el Gobierno la gasta en el clientelismo -que mantiene a la gente pobre y rehén-, y porque el Ipvdu vive denunciado por el Tribunal de Cuentas, a raíz de incontables irregularidades. Para los que pueden acceder al crédito hace falta la voluntad política de convertir a la Caja Popular de Ahorros en una herramienta al servicio de los tucumanos y no de la política, habilitando programas hipotecarios amplios.

La cuestión de la vivienda y el hábitat digno ocuparán un lugar importante en la agenda del próximo Gobierno. Hay que transparentar la administración del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Es necesario romper la corrupción, que hace que las casas que construye el Estado no siempre lleguen a quienes las necesitan. También, para asegurar que esas obras sean perdurables y de calidad. Vamos a fortalecer la Caja Popular y trabajar con el agente financiero de la Provincia para generar líneas de crédito que permitan el acceso a la primera casa a todos los sectores sociales. Tendrán prioridad las ciudades del interior para evitar la migración interna. Queremos proteger a la familia, por ello trabajaremos en programas para la primera vivienda y en generar incentivos fiscales para alquileres, eliminando impuestos para los primeros contratos de locación. Hay que trabajar en políticas activas para incentivar el mercado inmobiliario.

Uno de los graves problemas sociales que padece Tucumán es el del acceso a la vivienda propia por parte de familias de ingresos medios y bajos. El Gobierno no dio prioridad a este tema. Es necesario optimizar la equidad en esa distribución de fondos, para la vivienda. La política habitacional fue absolutamente deficiente e insuficiente. Hay un claro déficit habitacional tanto en la necesidad de construcción de nuevas viviendas como en la reposición de aquellas que son irrecuperables y en otras tantas que tienen deficiencias en su calidad, pero que pueden ser restauradas. Es fundamental revertir las restricciones que imponen los mecanismos inalcanzables de financiación. Lomas de Tafí se convirtió en un caso emblemático de corrupción por el sistema de selección de quienes ocuparían las viviendas, como por el estado deplorable en que muchas de estas casas fueron entregadas. La adjudicación de viviendas debe ser auditada por un ente de contralor.

Juan Manzur (Frente para la Victoria):  megaproyectos habitacionales  

Lograr que cada ciudadano de nuestro Tucumán concrete el sueño de la casa propia será una prioridad en nuestro Gobierno. Para ello vamos a gestionar ante la Nación que Tucumán sea seleccionada para el desarrollo de proyectos urbanísticos del estilo del Programa de Crédito Argentino -conocido como Procrear- en Yerba Buena: 562 viviendas próximas a adjudicarse. La Provincia podrá aportar terrenos fiscales aptos para la concreción de barrios de estas características. Además desde el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) vamos a impulsar la planificación de megaproyectos habitacionales, del nivel de los barrios Lomas de Tafí y Manantial Sur. Por otro lado, continuaremos gestionando soluciones habitacionales y extenderemos la política de regularización dominial, para que los propietarios sean dueños legítimos de sus viviendas. Este será uno de nuestros compromisos: generar las condiciones para que cada tucumano pueda materializar el anhelo de la casa propia.

Para acceder al sueño de la casa propia, el jefe de familia deberá tener un trabajo con salario digno, y anotarse en los organismos correspondientes, como el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), u otras instituciones de los planes de viviendas. Se le cobrará de cuota un porcentaje de su sueldo. Para la gente que no es propietaria y para aquellos que no pueden justificar sus ingresos, porque trabajan en forma independiente, el Estado tiene obligación de hacer viviendas sociales, y cobrarles una cuota accesible, de acuerdo a lo que ganan por día y a la cantidad de meses durante los cuales tendrán que pagar la vivienda. También el Estado tiene que darles prioridad a los discapacitados, comprobados de acuerdo a sus historias clínicas; y equipar la vivienda de acuerdo a cada necesidad. La entrega de casas tiene que ser por sorteo, transparente y público, dándole prioridad a las familias numerosas, y no a parientes de políticos.

Las inundaciones dejaron al desnudo el boom inmobiliario en la provincia: la infraestructura colapsó y miles de familias perdieron lo poco que tenían. Los trabajadores no tenemos acceso al crédito ni a terrenos urbanizados, mientras los funcionarios tienen una o 10 mansiones. Las grandes constructoras edifican torres de lujo y las inmobiliarias especulan con los alquileres. Es necesario un plan integral de obras públicas y urbanización para terminar con el déficit habitacional de 100.000 viviendas y que garantice el pleno acceso a los servicios (agua potable, gas natural y red cloacal). El plan debe estar bajo control obrero y contemplar los 3.000 asentamientos en la provincia, consecuencia del colapso habitacional. También implementar un fondo público para préstamos accesibles. El financiamiento debe salir de un impuesto a los que se enriquecieron a costa de los trabajadores y el pueblo tucumano en esta década: grandes constructoras, terratenientes y a los industriales del azúcar y citrus.