A un mes de la violenta tormenta que provocó las graves inundaciones en las poblaciones del Sur, el Oeste y del Sudeste de la provincia, una gran cantidad de vecinos vienen denunciando la lenta respuesta que muestra el Gobierno de Tucumán en reparar los daños producidos en las infraestructuras y en la cobertura de las necesidades imperiosas de las familias afectadas por la devastación climática y la endebles de las obras públicas.

Una aproximación a ese panorama de desconsuelo y semiabandono nos lleva nuevamente a constatar que las familias que viven en la zona del río Muerto, Yerba Buena, y que tuvieron que ser evacuadas ante la creciente y el colapso de los canales, aún no han sido ubicadas en un nuevo lugar, puesto que no podrán volver a la orilla del río. Han vivido todo este tiempo durmiendo en colchones colocados en el piso de la escuela 311, de El Corte y luego, se instalaron en una vieja casona que es utilizada como salón de fiesta, donde encontraron cobijo gracias al auxilio de unos voluntarios de Caritas y el apoyo de la Municipalidad de Yerba Buena. Les habían prometido trasladarlos hacia una zona más segura, probablemente en un barrio de El Manantial, aunque hasta ahora esa gestión no ha podido efectivizarse.

Se conoce fehacientemente que los poblados de Melcho y Sud de Lazarte, en el departamento Simoca, continúan aislados del resto de la provincia, con sus habitantes sin luz eléctrica, sin acceso a los alimentos y angustiosamente asistidos por medio de balsas. La desesperación también cunde en localidades como Ciudacita -departamento Simoca- donde la mayoría de sus habitantes han echado mano en las últimas horas a una protesta callejera para hacer oír su dolor y desazón, ante la situación de indefensión en la que se encuentra. Ciudacita es un pueblo ubicado sobre la ruta provincial 329, localizado a ocho kilómetros al Oeste de Concepción y a pasos del río Medinas, uno de los cauces de agua que se desbocaron e inundaron todo a su paso. Como en otros tantos lugares, los vecinos relataron con lujo de detalles el estado de destrucción y casi aniquilamiento en el que quedaron los caminos de la zona, además de las pérdidas de las cosechas y de los daños al patrimonio familiar. El cuadro de desastre se completa con las advertencias de agricultores, transportistas y dirigentes sociales del interior que han revelado que la red caminera secundaria y terciaria -las vías por donde sale la producción del campo- han sufrido daños enormes y se encuentran en situación intransitable, como consecuencia del fenómeno meteorológico. A esos datos debe agregárseles las destrucciones más comentadas: la caída de puentes y destrozos en la red vial principal.

El Gobernador de la provincia y sus funcionarios se han empeñado en anunciar que los planes de reparación del desastre se ponían en marcha enseguida; los últimos mensajes no dan cuenta de fechas precisas, pero algunos intendentes han anunciado que por estas horas podrán comenzar a disponer de fondos no reintegrables enviados por el Gobierno nacional para iniciar las contrataciones a empresas que se encargarán de la reconstrucción de las infraestructuras dañadas. Ciertamente, la gestión reparadora no ha brillado por su eficacia; inexpresiva y lenta, está lejos de lo que esperaban los pobladores más golpeados por la crisis ambiental, pero también en coordenadas remotas de lo que debió haber sido una reacción con todos los argumentos morales, institucionales y políticos que la urgencia demandaba.