Una preocupación justificada y comprensible de los argentinos de hoy, es la de fortalecer las instituciones de la república. Quienes piensan tan acertadamente, parten de la base de que un país donde ellas se muestren borrosas y vacilantes, y no cumplan el rol que les corresponde en la estructura del Estado, afronta un peligroso proceso de erosión de las bases que sustentan su existencia. Y, consecuentemente, se pierde el respeto que toda nación debe tener, en el concierto de las demás.
Dentro de las instituciones, ocupan un lugar para nada secundario los símbolos: el himno, la bandera, el escudo, lo escarapela. Están, obviamente, cargados de historia. La ciudadanía los identifica rápidamente. Tiene conciencia de que la distinguen, y le generan un legítimo sentimiento de pertenencia. Esto no sólo ocurre en lo nacional, sino también en el orden de las provincias. Todas tienen su escudo. En algunas de ellas, Córdoba por ejemplo, el mismo se formó en los remotos tiempos de su fundación, en el siglo XVI. Otras fueron diseñando su blasón, con muy pensados elementos, en épocas más recientes.
Tucumán usó una variedad notable de escudos, hasta que en 1946, por iniciativa del senador provincial Alberto Castillo, se sancionó la ley promulgada el 21 de ese mes con el número 1988, por el gobernador Carlos Domínguez. Ella establecíó, como Escudo de la Provincia de Tucumán, un escudo idéntico al nacional, pero sin sol. La norma expresaba que podían usarlo exclusivamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Han pasado 59 años desde que rige la ley 1988. No sabemos que la Legislatura la haya modificado, de manera que se encuentra plenamente vigente. En un editorial del 10 de marzo de 2006, expresábamos algo que mantiene actualidad. Decíamos que “llama la atención que, últimamente, en la cartelería oficial, junto a las palabras ‘Gobierno de Tucumán’, se haya sustituido el escudo legal por un isotipo publicitario, constituido por dos rectángulos inclinados, uno azul y otro celeste, que se tocan en uno de los bordes”.
Pensamos que ese extraño cambio, no autorizado por norma que se conozca, debiera cesar de inmediato. El emblema que corresponde colocar cuando se estampa el nombre del Gobierno, es el Escudo de la Provincia, minuciosamente descripto e implantado en 1946. Es su única insignia oficial y símbolo de su autonomía, como lo afirmó el senador Ramón Adrián Araujo al informar el proyecto de ley. Respetar a todo trance esa norma, es también respetar las instituciones.
En otro orden, pero ciertamente vinculada con el tema, está la reciente y muy difundida costumbre de organismos estatales, provinciales y municipales, de pintar, en los carteles oficiales de obras públicas o en la carrocería de los vehículos, la leyenda “Gestión de Fulano de Tal”. Esto opera también contra las instituciones. Porque pareciera indicar que se cuenta, con la obra o con el vehículo, por acción personal del funcionario. Y se olvida así que los fondos con que los costeó surgen, en última instancia, del Tesoro de la Provincia. Que se forma con el aporte impositivo de todos los ciudadanos, y que no pertenece a nadie determinado, sino al Estado Provincial, que está más allá del funcionario de turno. En suma, es otra costumbre cuyo destierro sería sano para las instituciones. Creemos que convendría obrar en esa dirección.