Hace pocos días, la plaza de Villa Luján fue cercada por la Municipalidad, que comenzó a remodelar sus caminerías con vista a una mejora sustancial del paseo público. La obra dio lugar a una protesta de los puesteros de la feria que se instala allí todos los viernes, los cuales cortaron las calles circundantes. Esto motivó que se presentara personal tanto de la Municipalidad como de la Policía para garantizar la circulación vehicular y el orden, medida que fue necesario repetir el viernes pasado. Así, se ha llegado a un límite extremo, en el que una actividad que se instala sin autorizaciones y en forma absolutamente irregular obliga a mover al personal del Estado para evitar otros problemas, con lo que se ayuda a sostener esa actividad ilegal.
No hablamos de prohibir la tarea y el servicio que cumplen las ferias, que tienen una tradición en los pueblos del interior y que ya llevan varios lustros en la capital y sus alrededores. Se trata de entender que la comercialización de productos debe estar regida por normas de salubridad, impositivas, de seguridad y hasta por la estética y el sentido común, que en el caso de muchas ferias hace mucho tiempo han dejado de cumplirse.
Por ejemplo: cada viernes en Villa Luján la plaza y sus calles se cubren con tiendas que albergan ofertas de los más variados productos en medio de condiciones de riesgo e insalubridad: los vendedores conectan cables de luz a alargadores que les prestan los vecinos; se exhiben carnes y alimentos sin control bromatológico; se carnea cerditos a la vista de la gente; se ha montado una especie de restaurante sin mínimas condiciones higiénicas -apenas se instalaron dos baños químicos para las necesidades de unas 5.000 personas que circulan durante el día-; se venden CD truchos así como catitas, cuyo tráfico está prohibido; y se vende ropa traída de la Saladita o de países limítrofes, lo cual exhibe la suma contradicción de las autoridades, que por un lado permiten la proliferación de la venta de esta ropa abaratada a causa de que no paga impuestos mientras en las rutas se hacen constantes operativos de la Justicia, Transporte y Gendarmería en contra de los que comercializan estas ropas.
Además, los puesteros rompen el pavimento para instalar las carpas y se genera otra actividad alegal, la de los “trapitos” que cobran estacionamiento de motocicletas junto a la escuela parroquial sobre calle Don Bosco. Cuando termina la feria, la plaza parece zona de guerra, abandonada y llena de basura.
Lo mismo ocurre los domingos con la feria en El Manantial (muchos de cuyos puesteros son los mismos que en Villa Luján) que se instala en la ruta 301, con lo cual se corta el tránsito por la carretera y se dificulta el acceso y la salida a la población, con embotellamientos increíbles.
Todo esto pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades para regular con eficiencia una actividad que es atractiva para la población y que podría desarrollarse sin causar inconvenientes en el tránsito ni riesgos para la salud. Establecer responsables del orden, generar políticas de fomento sobre productos (acaso convendría priorizar la venta de mercaderías frescas del campo por encima de la comercialización de ropa) y exigir medidas sanitarias mínimas, básicas, y el respeto a la higiene, la libre circulación de transeúntes y vehículos, así como pensar que la feria debería establecerse en un descampado o un baldío, no en una plaza o una ruta.