BUENOS AIRES.- La “muerte dudosa” del fiscal Alberto Nisman es una razón más que suficiente para que el país no haya tomado nota de que, en materia económica, el año comenzó como de costumbre en lo que se refiere a reclamos del empresariado a las provincias por lo que consideran un nuevo avance en una presión impositiva que ya es récord.

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina denunció que en 2014, de los cien municipios más grandes del país, nada menos que 71 aplicaron algún tipo de suba tributaria al sector.

En mayor o menor medida, los conflictos entre gobiernos y particulares en torno de alguna modificación tributaria son moneda corriente en los distritos. Lo fueron en años anteriores y, de no mediar un cambio sustancial en la economía, volverán a serlo en el futuro. Aun cuando, para muchos, se haya sobrepasado el umbral de tolerancia en cuanto a carga impositiva.

Quizás no haya prueba más contundente al respecto que los relevamientos del economista Antonio Margariti. Hace cinco años, había contabilizado 85 impuestos, tasas y contribuciones entre la Nación, las provincias y los municipios. Si el número puede sorprender a algunos, habrá que advertirles que fue superado. Ahora, la cuenta llega a 96. Los tres dígitos están al alcance de cualquier Legislatura. Un reciente informe del Cippec indicó que el consolidado de la presión fiscal de las provincias pasó de un 3,8% del PBI en 2003 al 6,3% en 2013, un porcentaje que debió ser mayor aún en 2014 si se tiene en cuenta que la carga impositiva no acompañó el descenso de la actividad económica. Ese récord de presión impositiva no fue suficiente para evitar un cierre de 2014 con un déficit global de $ 9.000 millones. Déficit menor al de años anteriores, pero difícilmente repetible en un 2015 lleno de condiciones adversas. Estas son algunas:

• Los gremios estatales reclamarán aumentos salariales mayores a los de 2014, en parte por la pérdida real sufrida ese año, pero aprovechando una situación política irrepetible, como la de contar con gobernadores y un jefe de Gobierno con aspiraciones presidenciales. Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Urribarri tendrán que optar entre privilegiar la disciplina fiscal o las apetencias electorales.

• La reducción del déficit en 2014 fue impulsada por transferencias nacionales que probablemente no se reiteren este año, como $ 9.200 millones por ATN y un fondo sojero que acompaña el declive de la cotización de la oleaginosa. Eso se tradujo en números que configuraron un año atípico: la participación provincial en la recaudación nacional se elevó del 25,9% en 2013 al 29,7 en 2014. Lejos del 34% de piso establecido en la ley de Coparticipación, pero el dilema a resolver es otro: ¿estará dispuesta la Nación a ser tan “generosa” en 2015?

• En el año operarán vencimientos de deuda por $ 35.000 millones, solo contando las provincias principales. Si llega a haber una devaluación similar a la de enero de 2014, el problema se agravará: el 70% de esos compromisos están sujetos a la cotización oficial del dólar. Pero si no ocurre esa devaluación, los efectos sobre las economías regionales serán peores en lo que respecta a la actividad y, en consecuencia, la recaudación.

Al respecto, una aclaración: si el gobierno nacional no recurre a los aumentos de impuestos no es por su eficiencia administrativa sino por algo mucho más sencillo: con la combinación de la inflación y la falta de adecuación de mínimos no imponibles en Ganancias y Bienes Personales, la recaudación se aumenta sola. Sin tocar un gravamen, en 2014 los ingresos impositivos subieron $ 310.850 millones respecto del cierre de 2013. Las transferencias a las provincias fueron de $ 304.783 millones. Para tener en cuenta a la hora de preguntar quién se beneficia con la inflación.