A los referentes de la oposición les alarma que el Gobierno negocie de manera informal con los intendentes el reparto de fondos, tras la caída del Pacto Social.
El 31 de diciembre, y luego de 14 años de vigencia, finalizó el convenio entre el Poder Ejecutivo y los municipios, mediante el que la Provincia asumía el pago de sueldos y la realización de obras en las ciudades; a cambio, se quedaba con la coparticipación que les correspondía. Y aunque aún no se sancionó ningún instrumento legal que establezca las condiciones bajo las cuales se regirá la asistencia al interior, varios intendentes ya acordaron de palabra con el PE la continuidad de la ayuda económica. Es el caso de la Capital, de Bella Vista y de Famaillá.
Según el legislador Federico Romano Norri, el sistema de negociación que impuso el oficialismo para asegurar el pago de salarios a los empleados municipales es una burla. “Se hace a puertas cerradas, sin números claros y sujeto a la discrecionalidad del gobernador, que sigue administrando recursos públicos como si fueran propios”, expresó el radical. Su colega de bancada, Roberto Sánchez, recordó que ya habían presentado un pedido de informes sobre el estado de las deudas municipales. “Es una vergüenza que esta información trascienda sin confirmación oficial y con pases de facturas entre intendentes y funcionarios. Los ciudadanos deben ser respetados porque son recursos que les pertenecen”, dijo el concepcionense.
El edil capitalino José Luis Avignone, en tanto, le recordó al intendente Domingo Amaya que en agosto y en octubre había reclamado su intervención para lograr la plena autonomía municipal, sin que aún haya tenido respuesta.