BUENOS AIRES. - La sola mención de un proyecto para despenalizar el consumo de drogas hizo que el Gobierno y la Iglesia manifestaran sus diferencias de fondo sobre un tema espinoso que, al entender de los referentes eclesiásticos, conlleva a la legalización, y no a evitar la criminalización y procurar la atención del adicto.

La distinción tampoco excluye de discusión la problemática emergente del avance “sin control” del narcotráfico y de una situación de “desborde” a la que se llegó, según los obispos, “con la complicidad y corrupción de algunos dirigentes”.

Los obispos católicos fueron claros y contundentes en advertir que se opondrán a toda iniciativa que conlleve a facilitar el consumo de sustancias adictivas, porque “daña la salud y tiene perjuicios serios en las familias y en el tejido social”, sobre todo entre los más pobres.

El kirchnerismo, en tanto, comenzó a mover a sus operadores para instalar en la agenda pública la necesidad de modificar la ley 23.737 de estupefacientes, con el argumento de la “reducción de daños”, y sobre la base del fallo Arriola.

La Corte Suprema resolvió en ese caso que es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si no pone en riesgo a terceros.

El eje de las diferencias, y no sólo semánticas, entre Gobierno e Iglesia radica en el estrecho margen que en la práctica separa la despenalización, es decir permitir tenerla pero no producirla ni venderla, de la legalización, que implica hacerla legal hasta el punto de hacerla comerciable.

“A veces se maneja ambiguamente un lenguaje que es confuso. Algunos dicen que hay que despenalizar y en realidad piden que se legalice la venta de marihuana u otras sustancias”, diferenció monseñor Jorge Lozano, presidente de la Pastoral Social y asesor de la Comisión Nacional de Drogadependencia que tiene el Episcopado.

La estrategia oficial de buscar consenso para enviar al Congreso un proyecto que modifique la norma vigente, a fin de autorizar la tenencia y el cultivo de marihuana para uso personal y ofrecer políticas de salud para curar al adicto, recayó en el titular del Sedronar, Juan Carlos Molina, un sacerdote eximido de sus funciones pastorales y con experiencia en el trabajo con sectores de riesgos.

Pero el funcionario ya chocó en sus pretensiones contra los argumentos de otro sacerdote, José María “Pepe” Di Paola, flamante coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia, protegido del hoy papa Francisco cuando fue amenazado por narcos, y conocido por su tarea de contención de los jóvenes adictos, sobre todo al paco, en los villas de emergencias porteñas.

“La sociedad no está suficientemente madura para tratar la despenalización del consumo de drogas”, aseguró Di Paola, al tiempo que reconoció que la mayor tolerancia social se debe a “una disminución en la percepción del riesgo que provoca el consumo de sustancias adictivas”.

“Lo que quizás es recreativo para un joven de clase media o alta, que decide fumarse un porrito, se torna mortal en los ambientes pobres y marginales. Hay que comprender que a mayor vulnerabilidad social, la brecha entre el consumo recreativo y el consumo problemático se acorta drásticamente”, aseveró en declaraciones a DyN.

Desde el kirchnerismo la mirada es diametralmente opuesta. La presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio aclaró hace una semana que “todavía no hay” un proyecto para la despenalización de las drogas, aunque consideró que “sería bueno una discusión”.

Otra que se expresó en igual sentido fue la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez: “Si eso evita muertes, estoy a favor de despenalizar el consumo con reducción de daños, con la contención necesaria”, argumentó.

Mientras que el segundo de esa cartera, Sergio Berni, planteó públicamente la necesidad de debatir la despenalización del consumo “de todo tipo de drogas”, como herramienta para combatir a las mafias del narcotráfico.

El debate por la “despenalización” o “legalización” del consumo de estupefacientes está instalado y ya no tiene a Jorge Bergoglio, como aquel gran opositor que percibía el ultrakirchnerismo. Aunque todavía resuenan en despachos oficiales su advertencia ácida sobre este tema: “Creen que haciéndolas legales serán buenas”.