En los últimos años, el escenario político se ha farandulizado. Los programas televisivos de chismografía parecieran haberse instalado en nuestra realidad cotidiana. Es frecuente escuchar a través de los distintos medios de comunicación descalificaciones hacia los adversarios políticos, que rozan o directamente tocan la intimidad de las personas. Estos chisporroteos tienen por objeto buscar notoriedad o llevar “agua para el propio molino”, incluso a cualquier precio. De esa manera, los límites de la cordura se van perdiendo en forma preocupante.
Bien se sabe que la plata es a menudo motivo de pelea y de divisiones. Ello ha sucedido, por ejemplo, con la distribución de los $431 millones de la segunda etapa del plan “Más Cerca”. El reparto provocó una polémica en los municipios y comunas que no recibirán recursos para obras públicas e infraestructura.
La semana pasada, sólo 16 de las 19 municipalidades iban a recibir el dinero que debe destinarse a la construcción de viviendas y de obras hídricas, que van desde canales hasta redes de agua. Los legisladores polemizaron sobre la cuestión y los intendentes Luis Espeche (Bella Vista), Luis González (Simoca) y Juan Enrique Orellana (Famaillá) pusieron el grito en el cielo porque no figuraban entre los adjudicatarios del dinero. El primero había afirmado que la exclusión de su municipio se debía a una posible “travesura” de Manuel Fernández, vicepresidente de la Legislatura y aspirante a gobernar esa ciudad a partir del año próximo.
La tercera autoridad de la provincia respondió que el único que había realizado ‘travesuras’ en estos 11 años de gestión había sido el intendente Espeche. “Desde que se sentó en ese sillón, en 2003, hace ‘travesuras’. Y todo el pueblo sabe cuáles son. En su determinado momento se van a conocer”. El legislador afirmó que es el jefe municipal quien debe dar explicaciones al pueblo sobre qué hizo con la plata del “Más Cerca I”. “El propio ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, explicó que si no se envían fondos a este municipio es por el retardo en las rendiciones de trabajos anteriores. Eso significa que faltan obras... Sencillamente, no hizo los trabajos; le dieron la plata y no llegó al 65% de las obras que debería haber hecho”, declaró. Espeche, oficialista igual que el legislador, respondió que no efectuó obras de cloacas con los fondos del plan porque ya contaba con otros recursos para ello y que existía un inconveniente con los fiscalizadores del programa.
Esta clase de acusaciones públicas debe tener su correlato en la Justicia. Ningún juez actuó de oficio luego de las declaraciones de Fernández, que dio a entender que estas “travesuras” son irregularidades en el manejo de los fondos del Estado. Si la tercera autoridad de la provincia tiene pruebas de sus acusaciones debería haber efectuado la denuncia penal correspondiente o solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas, con mayor razón si estas supuestas acciones ilícitas se vienen realizando en los últimos 11 años. Si hubo malversación o robo es un hecho de suma gravedad que debe ser investigado inmediatamente. Si son ciertas las afirmaciones del legislador, más serio es aun porque significa que tiene conocimiento de que desde hace 11 años se producen estas irregularidades y como integrante del Gobierno no ha hecho nada. La transparencia de los actos de gobierno es uno de los requisitos esenciales de la democracia, sin ella, la corrupción nos envolvería.