Por su número, por la vocación de sus conductores, se han convertido desde hace tiempo en protagonistas de la ciudad. Por imprudencia, casi a diario son portadoras de malas noticias. Los accidentes suelen dejar en la mayoría de los casos, lesionados; y en otros, víctimas mortales. Pero también generan inconvenientes, cuando las motocicletas son secuestradas por la autoridad como consecuencia de que su propietario circula en infracción. Los vehículos se amontonan en los corralones porque no los van a retirar.

En su última sesión, los legisladores se ocuparon de las motos secuestradas en los depósitos provinciales y modificaron la Ley N° 8.502. Acordaron que los infractores dispondrán de 60 días corridos para realizar los trámites de recuperación sus vehículos, en caso contrario, saldrán a remate. El objetivo es descongestionar los corralones que están abarrotados de motos que nadie reclama. La norma prescribía que si el interesado no reclamaba el vehículo secuestrado en el plazo de 180 días corridos, este podía ser subastado.

La subdirectora de Transporte de la Provincia dijo que tienen vehículos que fueron secuestrados en 2011; una de las causas de que no los retiren se debe a que la deuda por la infracción cometida se incrementa diariamente en el depósito, de manera que al cabo de un tiempo el monto es significativo. Señaló que actualmente son 354 las motos en condiciones de salir a remate.

El titular de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura afirmó que la norma establece que el precio de base en la subasta no podrá ser menor al total de la multa que acumula el vehículo en ese momento. La intención es hacer más eficiente la recuperación de los gastos por los secuestros, que incluyen el acarreo y la estadía, costos que tiene que afrontar el Estado. Mientras el secretario provincial de Transporte sostiene que tanto los vehículos sin papeles como los que están inservibles no deben regresar al parque automotor, el legislador comentó una iniciativa interesante. “Una de las ideas que se barajaban es que los vehículos que se puedan registrar queden en manos de comisarías, juzgados de paz u otras instituciones oficiales, del interior por ejemplo, que las necesiten para trasladarse”, dijo. Por otro lado, un edil capitalino presentó un proyecto de ordenanza para que se desguacen los vehículos secuestrados previa salida a remate porque estos pueden ser adquiridos por delincuentes y emplearlos para cometer delitos; pero si los subastan como chatarra, existe la posibilidad de que compren las distintas partes y armen una moto. Hasta el 5 de junio, se contabilizaban 3.900 vehículos secuestrados; la mayoría son motocicletas y sólo el 20% de los infractores efectúa los trámites para recuperarlas.

Es positiva, por cierto, la preocupación de los legisladores en estos temas poco habituales en su interés. Sería interesante preguntarse por qué se llega a esta situación de amontonamiento de motos, con o sin papeles. Obviamente las causas son las infracciones y si estas son tantas, si los accidentes se suceden a diario y se incrementan, significa que la educación vial es deficiente y por lo tanto, habría que preguntarse qué es lo que se está haciendo mal o no se hace. Si se mejorara sensiblemente este aspecto, es posible que disminuyesen las transgresiones, así como la cantidad de motos arrumbadas en los corralones.