Pasan los días sin novedades en el pleito que inició Guillermo Acosta, juez de Instrucción en lo Penal de Concepción y concursante descalificado, para voltear el proceso de selección de un vocal para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Sucede que una cuestión procesal detiene el juicio desde hace más de un mes. Este asunto puede ser resumido en la siguiente pregunta: ¿corresponde que la recusación sin expresión de causa de Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), trámite por cuerda separada, como dispuso el alto tribunal el 3 de abril pasado?

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) planteó un recurso de revocatoria contra el decreto que envió la recusación al incidente formado para tratar la oposición a la medida cautelar que paralizó el concurso. Si el alto tribunal no hace lugar al pedido (mantiene la disposición cuestionada), la pretensión del Consejo de apartar a Estofán posiblemente chocará contra el criterio legal y jurisprudencial que considera irrecusable al tribunal que entendió en la concesión de la cautelar. Si el estrado acoge el criterio del órgano presidido por Claudia Sbdar, vocal del alto tribunal, aumentarán las chances de que prospere la recusación de Estofán.

El trámite de la cuestión marcha lentamente. Para comenzar, el vocal recusado se apartó de la resolución de este asunto, de modo que el estrado quedó integrado por Daniel Posse, vocal de la CSJT, y Ebe López Piossek y Sergio Gandur, magistrados de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Antonio Gandur, presidente de la Corte y padre del camarista mencionado, se apartó del juicio como consecuencia de la recusación sin causa que presentó Acosta, y Sbdar y René Goane no intervienen porque se desempeñan como consejeros del CAM). Como para definir la controversia procesal no había tres votos coincidentes (requisito previsto en la Ley Orgánica de Tribunales), la Secretaría Judicial de la Corte incorporó al estrado -por sorteo- a Salvador Ruiz, vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pero debido a que este adhirió a la posición minoritaria (es decir, hay un eventual empate 2-2), la Secretaría Judicial debe practicar el nuevo sorteo programado para este miércoles. Los candidatos a emitir el voto dirimente son los camaristas Horacio Castellanos, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

Ataque y defensa

La Corte paralizó el proceso de selección de un vocal de la Cámara de Apelaciones este 21 de marzo, cuando el Consejo se disponía a elevar al Poder Ejecutivo una terna formada por los postulantes Juan Carlos Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone. Tal decisión fue adoptada con los votos de Estofán, Gandur hijo y López Piossek; Posse, en cambio, se pronunció en disidencia. El concurso detenido por la Justicia cumplió un año de sustanciación en febrero y, por las implicancias del cargo en juego, es considerado el más delicado de los celebrados por el CAM hasta el presente. Ocurre que el tribunal en cuestión, que revisa la investigación preparatoria en toda la provincia, fue diseñado en 2003 por Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, y que el despacho vacante estaba ocupado por su hermana, Elva Graciela Jiménez, que se acogió al beneficio de la jubilación con el 82% móvil en enero del año pasado.

Acosta acusó de ignorar el Derecho al tribunal que administró y corrigió la oposición del concurso. “Los miembros del jurado expresan desconocimiento de la ley procesal provincial, de su interpretación y de la jurisprudencia local, en especial, de los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y de la CSJT”, había dicho el juez. El concursante descalificado obtuvo sólo 16 de los 55 puntos en juego en la oposición. Tras escuchar al jurado integrado por el juez Daniel Obligado (Buenos Aires); el académico Adrián Norberto Martín (Buenos Aires) y el abogado tucumano Ángel Paliza, que ratificó la nota colocada, el CAM desestimó la impugnación de Acosta, que, entonces, decidió pedir la nulidad de todo el proceso en la Justicia.

El CAM representado en el juicio por el consejero Antonio Bustamante defendió la actuación del jurado y negó que hubiese habido arbitrariedad. El órgano sostuvo que del enunciado de la consigna cuestionada debía inferirse un pedido de sobreseimiento y que el concursante Acosta resolvió eligiendo la opción más restrictiva de los derechos del imputado.