La incomprensible agresión que sufrió un joven durante la protesta del martes que realizó el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) en el puente Avellaneda (Buenos Aires), ha repercutido hondamente en la opinión pública argentina. A tal punto que son muchas las voces que dejan sentada su crítica y su creciente alarma por la virulencia puesta de manifiesto en el conflicto. El joven en cuestión, de 27 años, circulaba en su motocicleta con su mujer embarazada hacia el hospital, debido a una complicación en la salud de la joven (estaba con pérdidas severas). Pero, cuando intentó pasar el piquete, fue víctima de los sindicalistas que, además de no dejarlo pasar, lo robaron, le pegaron salvajemente y lo arrojaron del puente. Lezcano, que sufrió una caída de seis metros, tenía además una pierna ortopédica que quedó destruida tras la agresión. Todo fue registrado por las distintas cámaras de los canales porteños que cubrían la protesta, por lo que el indignante video generó el rechazo generalizado tras ser difundido por internet.
Horas después, el secretario general de SUPA, Juan Corvalán, anunció que presentará su renuncia, luego de los graves incidentes registrados. “No quiero saber más nada con esto. Renuncio como secretario general. No quiero hacer otro corte mañana y lastimar gente para recuperar lo que Ministerio de Trabajo nos saca”, dijo. Sin embargo se tomó su tiempo para aclarar que los agresores no fueron los trabajadores. “Tuvimos que traer gente porque teníamos una amenaza de una villa, la empresa los banca, y sabíamos que nos iban a venir a reprimir”, remarcó en una rueda de prensa con periodistas porteños.
Pero lo que llama especialmente la atención no es el corte de una arteria importante, impidiendo el tránsito de todo tipo de vehículos -un hecho grave en sí mismo al que los argentinos nos estamos acostumbrando de manera irremediable, sino la extremada violencia puesta de manifiesto durante el piquete. Si a esto se agrega el hecho de que los mismos dirigentes sindicales contrataron a sujetos violentos para que defiendan a los trabajadores de supuestos ataques de otros sectores sociales, entonces podemos concluir que la del martes fue una de las medidas de fuerza de mayor vehemencia que hayan protagonizado los trabajadores sindicalizados que se recuerden en los últimos años. Y lo peor de todo esto es que, poco a poco, estamos ingresando a una anomia social, es decir, a un conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. La falta de apego a las leyes, el atropello en pos de reivindicaciones justas y la protesta sin considerar el derecho de los demás no pueden menos que generar tensión y violencia social.
Por eso mismo, creemos que la radicalización de los reclamos, a tal punto de golpear sin piedad a un discapacitado, expusieron un bajo apego de la dirigencia sindical a los principios democráticos, a los que se debe retornar con urgencia. Pero, en este conflicto, la violencia puesta de manifiesto por los activistas no merece otra consideración que la condena y un pedido de investigación judicial responsable para comenzar a resolver una crisis moral que amenaza con desestabilizar al país.