En tiempos del gobierno de Domato, cuando nos pagaban tarde y mal, decidimos salir a chirolear. El jefe de la comisaría fue a hablar con un empresario del citrus y le dijo que teníamos informes de que se venía una banda asaltante de quintas. El se inquietó y preguntó qué hacer. El comisario le respondió que pidiese refuerzos en la regional. El empresario dijo: “¿pero no pueden hacer custodia ustedes, que son de la zona?”. - “Y sí -le contestó el comisario- pero fuera del horario de servicio, y si se les paga a los muchachos por hora de trabajo”. Y ahí pudimos chirolear. (De un policía a punto de jubilarse)
¿Es lícito el servicio adicional de la Policía? La norma dice que sí: funciona desde 1970, creado en la Ley Orgánica de la Policía; y la sociedad lo acepta con fruición como una forma de protegerse en un mundo que se ha vuelto inquietante e inseguro. Pero esta actividad tiene sus bemoles porque pone una cuña -el lucro- en el concepto mismo de la forma de cuidar a una comunidad. A más miedo, más contrataciones que dejan dinero en los bolsillos de los agentes que hacen vigilancia, y en las arcas de la oficina policial que cobra el diezmo a sus vigilantes. Esto implica un fuerte conflicto ético y representa además el problema de que quienes no pueden pagar custodia están, en teoría, en mayor riesgo que quienes están dispuestos a contratar los servicios de vigilancia.
Ingresos paralelos
A 44 años de la creación del sistema, se ha extendido como una forma paralela de ingresos para los agentes, sobre todo desde mediados de los años 90, en tiempos del gobierno de Antonio Bussi, cuando su jefe de Policía, Luis Roberto Véliz, reorganizó el sistema adicional para poner a los policías en competencia ventajosa con las agencias de vigilancia privada. Desde entonces los agentes públicos ofrecen servicio más barato (hoy está a unos 49 pesos la hora) mientras las agencias cobran $ 50 pero le agregan IVA y deben pagar cargas previsionales y seguros que, en el caso de los policías, ya están cubiertos por el Estado.
Además, los policías son preferidos por las empresas porque pueden cargar su pistola. En el caso de las agencias de seguridad privada, sólo pueden tener armas los que cubren servicios bancarios o de transporte de caudales y en casos de empresas con mucho manejo de dinero, en cuyas oficinas pueden tener vigilantes privados con armas calibre 32 o menos. Pero obtener los carnets para portación y tenencia de armas y compra de municiones es engorroso. Por lo general cumplen con ese trámite las 14 agencias privadas nucleadas en Catesi. Pero hay 40 agencias de vigilancia privada en Tucumán y aunque no se puede decir que sean truchas, no está claro cómo son controladas.
La semana pasada se publicó en esta columna que a los policías públicos contratados para tareas de vigilancia privada les descuentan 50 centavos la hora para la oficina de Servicio Adicional y que eso daba un ingreso aproximado de $ 300.000 mensuales a esa oficina ubicada en el Departamento Operaciones Policiales (D3) de la Jefatura. Pero varias fuentes aclararon que no es así. Según la misma Jefatura, se les descuenta un 5% (aproximadamente 2 pesos); pero según un agente de calle, es un diezmo y en promedio se les descuenta unos $ 3.50. No es más, porque no todas las empresas pagan los $ 49 la hora.
Unos 1.400 puestos
Y acá empieza un problema. No hay un seguimiento claro de cómo y quiénes contratan los servicios. Se dice que hay 900 puestos en bancos y oficinas públicas tipo Rentas y el Siprosa. Y 500 puestos más en casinos y casas de juego. Un puesto a veces puede implicar 24 horas de servicio (como ocurre en casas de juego, que están abiertas de día y de noche) y a veces puede significar un horario limitado: en algunos bancos el agente entra a las 7.30 y se va a las 15.30, o sea 8 horas). Es decir que para un puesto de 24 horas pueden ser contratados tres policías, aunque fuentes de la calle dicen que hay agentes que llegan a hacer 12 horas diarias de servicio adicional y hasta cinco días por semana.
La oficina recibe el dinero de los puestos en los bancos y otros y luego les reparte a los policías, aproximadamente una semana después, descontándoles el diezmo. Fuentes policiales se quejan de que a veces atrasan los pagos. En cambio, en el caso de las casas de juego, estas les pagan directamente a los agentes (razón por la cual estos servicios son muy apetecidos) y luego entregan, por aparte, el diezmo a la oficina de servicio adicional.
En la Jefatura de Policía confirman que hay 1.600 policías anotados para estas tareas, pero minimizan la frecuencia de la actividad: dicen que por día hay entre 300 y 500 cumpliendo esas custodias. Los policías de calle, en cambio, afirman que el 80% del personal policial hace servicios adicionales (7.000 sobre 8.500 agentes) y el 20% de los guardiacárceles (200 sobre 1.000).
¿Cómo se entiende esto? Por los contratos por fuera de la oficina , algunos relativamente claros (hay oficiales y agentes que acuerdan por su lado con supermercados, estaciones de servicio, tiendas de barrio y miles de pequeños rubros) y otros decididamente oscuros, manejados por comisarios o por gente vinculada a la policía. Por ejemplo, no se sabe quién contrató al agente de civil que fue brutalmente golpeado por dos asaltantes -que le robaron la pistola- en un drugstore de Chacabuco al 100, en octubre pasado. Además, con cierta frecuencia salen a luz casos de servicios de dudosa legalidad que terminan generando conflictos con la cobertura de ART de los policías. Pese a que se cree que, aunque estén de franco, el seguro los cubre cuando son heridos en enfrentamientos, la ART no considera acciones de servicio si eso ocurre durante una tarea de vigilancia no declarada.
Desarmando fichas
“Cuando llegamos, esto era Saigón”, relata Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana, en referencia a que había muchas “fichas”, es decir servicios adicionales realizados en horas de trabajo manejados por los comisarios. Dice que desarmaron varios nidos corruptos y que se hicieron entre 10 y 15 sumarios el año pasado. El caso más conocido fue la causa contra los comisarios Víctor Hugo Lisandro y Manuel Sosa, de la Patrulla Urbana, que en 2012 fueron acusados de enviar agentes a hacer estas tareas en horas de trabajo. Lisandro fue separado de la Policía pero la causa se sigue investigando en la Fiscalía Penal X.
Pero aunque se hayan suprimido “fichas”, el sistema está lejos de haber sido depurado, porque no hay control sobre la forma de trabajo de la misma oficina de servicio adicional. En septiembre del año pasado, cuando el Tribunal de Cuentas reclamó que esa oficina debía hacer figurar sus ingresos por el Sistema de Administración Financiera y Control del Gobierno provincial (SAFyC), el jefe de la dependencia, comisario Damián Jesús Soria, respondió que no correspondía, “porque la División no recibe ninguna plata del Estado; lo único que hacemos (es el depósito) de los servicios adicionales que están registrados, y realizamos el pago correspondiente. Entiendo que por eso (la cuenta bancaria) no pasa por el SAFyC”.
En negro absoluto
O sea: nadie controla el dinero que ingresa a la Jefatura por este concepto, que según una fuente policial no es $ 300.000 como se publicó en esta columna el sábado pasado, sino al menos $ 1 millón. Nadie puede saberlo con precisión y poco importa la cantidad, sino que es negro absoluto: plata que va por fuera de los carriles de control. Fuentes de la Secretaría de Seguridad dicen que con ese dinero se compraron computadoras el año pasado. Fuentes de policías de calle dicen que está establecido que con esos fondos se deben adquirir suministros (desde cartuchos y postas de goma hasta elementos de escritorio), pero que cuando los agentes necesitan eso en situaciones de emergencia nunca hay.
Efectos, no causas
Hofer explica que en breve se debatirá un proyecto para modificar el sistema, para que entren en la oficina todos los que hacen adicionales y sean correctamente cubiertos por la ART. Añade que se quiere cambiar la modalidad de trabajo policial, ya que hay algunos que trabajan ocho horas diarias, seis días por semana (un 36%) y una mayoría (62%) que trabaja 24 horas y descansa 48 (que es cuando hacen los adicionales).
Pero en ningún caso se pone bajo análisis el sistema de servicio adicional, que autoridades y agentes consideran como básico para dar seguridad en la sociedad. “Si lo suprimieran se triplicarían los asaltos”, dice un agente de calle, siguiendo la teoría del miedo. Pero esta argumentación es por lo menos complicada, porque la vigilancia no sirve para enfrentar las causas de la inseguridad, sino sólo -hipotéticamente- para defenderse. Como dijo el juez santafesino Daniel Erbetta en las audiencias por la Reforma Penal: “¿tan mal estamos que no podemos prevenir un arrebato en la vía pública?”
El sistema está enquistado en la sociedad y plantea un dilema fuerte. En la idea policial, quitarles el servicio exigiría aumentarles el sueldo para compensar los extras que dejan de ganar, y además implicaría aumentar la cantidad de policías, sin que esto signifique hablar de hacer disminuir la inseguridad.
Lo cierto es que el sistema adicional es el verdadero servicio de la Policía y va de la mano con la sensación de inseguridad. En este momento, si consideramos que el día puede dividirse en tres turnos, hay unos 700 policías trabajando en las calles y las comisarías de la provincia. Y hay por lo menos 1.400 haciendo servicio adicional en bancos, supermercados, heladerías y tiendas de barrio. O sea, el doble de extras que de rutinarios.