Casi a diario se expresa en muchos lugares del país, y también en la plaza Independencia, hasta tal punto que la queja parece haberse incorporado hace mucho tiempo a nuestra idiosincrasia. La protesta es una herramienta para pedir algo que se cree justo, hacerse escuchar, para que la ciudadanía se entere del problema de un sector de la comunidad o de un individuo, para que los gobernantes escuchen lo que no quieren oír. La principal modalidad en un reclamo consiste en cortar una calle o una ruta, sin importar si con esa medida se está violando el derecho de los otros.
Desde hace más de dos semanas, los empleados estatales han comenzado manifestar para solicitarle al Gobierno una ayuda extraordinaria de $ 2.000 y la apertura de las paritarias. Las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, la Agremiación del Personal de la Enseñanza Media, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la Asociación de Trabajadores del Estado , la Central de Trabajadores de la Argentina, municipales del interior y la Corriente Clasista y Combativa, comenzaron con el bloqueo a los accesos de la plaza Independencia, generando por varias horas un caos en el tránsito vehicular.
La beligerancia fue incrementándose y se llegó a bloquear de la ruta provincial 307, que conduce a los Valles Calchaquíes, que contó con la adhesión de un centenar de empleados comunales y municipales. Se armaron piquetes en el acceso a la Estación Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán y sobre el puente del río Gastona, en la ruta nacional 38, en la entrada norte de Concepción. Los manifestantes redoblaron su amenaza y anunciaron su intención de sabotear el rally Dakar.
A Tucumán comenzarán a llegar unos 500 vehículos de apoyo en la noche del 8 de enero. Horas después llegarán desde Chilecito, por la ruta 38, los competidores. A las 5 del día siguiente, proseguirá la competencia por la ruta 9, camino a Choromoro y por la ruta 307 hasta Amaicha.
Finalmente, luego de más de dos semanas de reclamos y caos, el Gobierno recibió a los gremialistas, quienes rechazaron la oferta de $ 500 a cuenta de futuros aumentos.
Lo lamentable de esta modalidad de protesta es que se perjudica al resto de los tucumanos. No hay derecho que una familia, por ejemplo, que sale de vacaciones, tenga que soportar estos bloqueos, que en lugar de generar la adhesión de la ciudadanía logran el efecto contrario porque se está cercenando el derecho constitucional de circular libremente por el territorio nacional. El Gobierno tampoco hace nada por dialogar inmediatamente y desactivar estas medidas de fuerza. Lejos de perjudicar a los gobernantes con esta práctica que se ha hecho una mala costumbre, lo único que se logra es que el comprovinciano se convierta en rehén y víctima de un conflicto que no le pertenece.
Los sindicalistas deberían hallar otra fórmula de reclamo que no perjudique al conciudadano. El Estado no puede desentenderse de las protestas sociales y dejar pasivamente que estas se sucedan. Los gobernantes tienen la obligación de brindar soluciones a la comunidad y no es apelando a la indiferencia o a la sordera que las encontrarán. El diálogo sin amansadoras es el camino para resolver los conflictos.