Una dinámica perversa parece haberse instalado en el ánimo y el inconsciente de ciertos sectores sociales de Tucumán, que tras las dramáticas 48 horas de rebelión policial, saqueos y ausencia de autoridad pretenden extender a fuerza de ataques intempestivos -no de protesta o manifetaciones pacíficas y legitimas- el escarnio de enfrentamientos y sinrazones que han costado por lo menos cinco muertos, decenas de heridas, cuantiosos daños económicos y un quiebre social de dimensiones graves y profundas.
Las versiones sobre nuevos o reincidentes conatos de saqueos han ido disminuyendo con las horas, pero ello no enmascara otros excesos. En la protesta del martes a la noche, convocada para repudiar la gestión del Gobierno durante la crisis policial y social, hubo agentes que de manera repudiable e injustificable agredieron a ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. Igualmente repudiable e injustificable es la agresión sufrida por por periodistas de distintos medios, y el posterior ataque a empresas vinculadas con funcionarios públicos, por parte de algunos manifestantes, quienes merecieron, incluso, la repulsa de ciudadanos que participaban de la marcha. Esa violencia muestra que los síntomas de intolerancias y arbitrariedad están imponiéndose sobre la razón, el respeto y la convivencia.
El trabajo de los periodista, en muchos casos llevado a cabo bajo circunstancias dramáticas y forzadas, lleva consigo la misión central de informar y comunicar responsablemente los sucesos que generan cobertura. La libertad de expresión y la libertad de ejercer el trabajo de la prensa son pilares de la democracia, un valor central en la vida de las sociedades. “Un derecho fundamental de por sí, la libertad de expresión, crea además las condiciones necesarias para la protección y promoción de todos los demás derechos humanos. Pero no se ejerce automáticamente: requiere un entorno seguro propicio para el diálogo, el entendimiento en el que todos puedan hablar libre y abiertamente, sin temor a represalias”, ha dicho el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al valorar el trabajo de la prensa y la libertad de expresión. En esa línea la Organización de Estados Americanos (OEA) advierte que “sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre.
Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna”.
La violencia que sufrieron periodistas tucumanos durante la noche del miércoles en plaza Independencia es tan intolerable e inaceptable como lo es el avasallamiento a la propiedad privada o a la privación ilegitima de derechos ciudadanos. Una investigación judicial urgente para determinar responsabilidades y castigos es el camino que debiera seguirse para encaminar un rumbo que no debe tenerse por normalidad.
Por cierto, el derecho a las protestas no se interpone con la obligación estatal de dar seguridad a la población. La rebelión policial, los saqueos y el abandono del Estado de sus principales obligaciones han sido las caras de un trance absurdo y trágico.
La obligación moral, legal, cívica y social es actuar responsablemente.